Detectó irregularidades de la PGR como fabricación de testimonios de Alberta y Teresa y el uso de pruebas ilícitas.
Carlos Avilés
El Universal
Martes 27 de abril de 2010
caviles@eluniversal.com.mx
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, encontró “graves irregularidades” en el proceso contra las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por lo que presentó un proyecto de sentencia que propone dejarlas en libertad.
Por la cantidad y gravedad de las anomalías detectadas, se prevé el voto mayoritario o unánime de los ministros en la Primera Sala del alto tribunal, tras la discusión del documento, programada para mañana miércoles.
El proyecto concluye que hay elementos suficientes para revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien las condenó a 21 años de prisión luego de encontrarlas culpables de las acusaciones de la Procuraduría General de la República por el secuestro de seis agentes.
De acuerdo con información recopilada por este diario, la Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas, para acusarlas, incluso, en el delito de posesión de cocaína que también se le fincó a Alberta Alcántara Juan.
Además, el juez no garantizó que Teresa y Alberta tuvieran acceso a un debido proceso y a una defensa adecuada por tratarse de indígenas.
Ambas mujeres fueron detenidas en marzo de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial, ya liberada, por “secuestrar” a agentes federales durante un operativo contra venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán.
Por presión de defensores de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales, la PGR retiró los cargos contra Jacinta, al considerar que en su caso había una “duda razonable” sobre su participación en los hechos.
De no frenarse o alargarse la discusión, se espera un fallo en la sesión de mañana. De lo contrario el caso se pospondría hasta el mes de mayo.
Tratantes de personas, libres por lagunas legales
En la PGR hay 38 averiguaciones previas vigentes por el delito de trata de personas, de las cuales 30 se han iniciado desde 2009 a la fecha
Silvia Otero
El Universal
Miércoles 28 de abril de 2010
La lucha contra la trata de personas en México también se libra en los juzgados. A pesar de la ley vigente desde 2007 que sanciona esta en práctica, en la mayoría de los casos en que los responsables llegan a prisión, los jueces reclasifican el delito a explotación sexual o laboral, lenocinio o corrupción de menores imponiéndoles penas que les permiten salir en libertad.
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República, expuso así en entrevista que uno de los retos para combatir este delito es contar con una mejor legislación que contemple todas sus modalidades.
Aunque este es sólo uno de los factores que hacen complejo el combate a la comercialización de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral, pues en algunos casos está asociado a usos y costumbres; las víctimas se rehúsan a declarar y actualmente herramientas como las redes sociales de internet pueden ser utilizadas para enganchar con mayor facilidad a las víctimas.
El escenario se agrava al considerar que en la mayoría de los casos, detrás “hay organizaciones criminales que lucran con este delito, porque las ganancias por explotar a un ser humano son muy grandes”, indicó la criminóloga.
La campaña “Corazón Azul”, impulsada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que fue lanzada aquí, busca generar conciencia de esta esclavitud moderna y la necesidad de combatir todos sus frentes, impedir que cualquier persona sea convertida en un objeto y se le despoje de la dignidad humana.
Las investigaciones
En la PGR hay 38 averiguaciones previas vigentes por el delito de trata de personas, de las cuales 30 se han iniciado desde 2009 a la fecha y están a cargo de la Fevimtra; cinco más en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y las tres restantes en la Unidad Especializada de Delitos cometidos en el Extranjero.
Herrerías Guerra advirtió que en todo caso “este número no refleja la situación a nivel nacional”, pues también existen indagatorias en las Procuradurías de Justicia estatales.
El número de casos en curso en la Fevimtra podría incrementarse, ya que existe relación entre los reportes de mujeres desaparecidas y la comisión del delito de trata de personas. Hoy, están activas 115 indagatorias por desaparición.
La fiscal rechazó señalar qué zonas del país son focos rojos en este delito, por ser investigaciones abiertas, sólo comentó que la trata con fines sexuales se incrementa en las fronteras y la laboral en diferentes estados en tiempos de cosecha.
Sobre las modalidades detalló que “hay muchos aspectos de la trata de personas que están en nuestra cultura y de muchos países y por eso no se vislumbra, como puede ser esta cuestión de usos y costumbres donde se entrega a la hija a otra familia a veces para trabajo doméstico y muchas veces contiene la explotación sexual”. También los niños jornaleros agrícolas es otro tipo de trata.
También en muchos casos el enganche puede ser la seducción para llevarse a la víctima a otras ciudades para explotarlas sexualmente, y en este escenario aparecen nuevas herramientas para los criminales: “Estamos muy preocupadas por estos delitos de internet y redes sociales donde se tiene acceso a todos los datos y a través de ellos establece contacto una persona para engancharla para la trata”.
Agregó que “todos estos medios están dando más herramientas a los tratantes para captar a las niñas”.
En el combate a la trata, dijo la titular de Fevimtra, “estamos analizando la forma de tener una mejor legislación, pues en muchas ocasiones es más fácil detectar la explotación, el momento en que están explotando a estas mujeres, por ejemplo en los hoteles, o los niños y adultos en los campos agrícolas”.
Esta situación ha propiciado que “muchas veces los jueces reclasifican el delito a lenocinio, corrupción de menores o pornografía infantil y muchas veces son delitos con penas muy bajas”, reconoció.
SEP inicia plan emergente para los futuros maestros
Nurit Martínez Carballo
El Universal
Jueves 29 de abril de 2010
nurit.martinez@eluniversal.com.mx
La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició un “Programa Emergente” con los estudiantes que serán maestros de educación básica en México para mejorar su desempeño en la prueba para obtener un plaza del magisterio, puesto que en estados como Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Sinaloa y Tabasco, ocho de cada diez reprobaron el año anterior.
Al iniciar negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para definir los criterios de selección de profesores para el siguiente ciclo, la Secretaría arrancó los cursos para “nivelar” a los egresados normalistas, puesto que en el examen anterior siete de cada 10 obtuvieron resultados inaceptables.
Desde ahora, en las normales se realizan “sesiones de apoyo” o se enseña “estrategia de evaluación” con las que los futuros maestros aprenderán a resolver exámenes de opción múltiple para mejorar sus resultados.
Esta decisión se tomó porque en el diagnóstico Retos de la Formación Docente, hecho por la SEP, se concluyó que las escuelas en las que se forman los profesores de México “están lejos de ser las instituciones dignas para que haya una preparación adecuada ante la insuficiente infraestructura y equipamiento”. También se diagnosticó que ninguno de los programas de 454 normales en el país alcanzan el máximo nivel de excelencia, y la consecuencia es que los futuros maestros tienen “bajo o poco desempeño”.
El estudio dice que 97 % de los 1,335 programas en esas escuelas no fue evaluado, y de los que sí, ninguno tiene máximo nivel de excelencia.
Hasta ahora hay normales que no han sido analizadas y se concentran en Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
En el reporte de resultados del concurso nacional para obtener una plaza, realizado en agosto pasado, sólo 2 normales lograron que el total de sus egresados obtuviera un empleo; pero los egresados de otras 93 instituciones no lograron ni una sola plaza de trabajo dentro de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria públicas.
Marcela Santillán, directora general de Educación para Profesionales de la Educación, dijo que para modificar esas condiciones, la SEP emprendió una Reforma Integral de las Escuelas Normales y para septiembre se deberá tener el planteamiento final. Sin embargo, hasta ahora el cuestionario que se envió cada una de los gobiernos estatales se puede advertir que “hay quien está y hay quien no está”.
En el Tercer Seminario Internacional de Educación Integral, “Emociones, valores y competencias docentes”, organizado por la Fundación SM, se reveló que Morelos, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas, Yucatán y Campeche tienen el más bajo nivel de respuesta al planteamiento de la Reforma. En esa exploración inicial, 9 % de los consultados dice estar “en desacuerdo y no comprender” la reforma.
Santillán dijo que dentro de los problemas que enfrentan estas instituciones está “el reformar los procesos de ingreso, permanencia y promoción de los profesores en las escuelas normales y crear una cultura de méritos”.
Señaló que pese al fortalecimiento de la infraestructura a las normales públicas en los últimos 6 años, el esfuerzo no ha sido suficiente.
Afirmó que se han identificado los “problemas” de esas instituciones, por ejemplo, la “insuficiente información de la oferta y demanda”.
20 millones de niños viven en la pobreza
El sur-sureste del país, con los mayores rezagos; 3.3 millones de niños no asisten a la escuela y se desconoce el número de menores que carecen de registro oficial
advierte UNICEF
Miguel Ángel Sosa
El Universal
Viernes 30 de abril de 2010
miguel.sosa@eluniversal.com.mx
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alertó que en México persisten importantes rezagos en atención y protección a la población infantil y que al menos 20 millones de niños subsisten en condición de pobreza.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) revelan que la población de 0 a 17 años que se encuentra en situación de pobreza es de 20.8 millones, de los cuales 5.1 millones están en pobreza extrema, lo que significa que 44% de los 47.2 millones de mexicanos que el gobierno federal ubica en los estratos de mayores carencias, son niños.
La representante de UNICEF, Susana Sottoli, dijo que 3.3 millones de niños no asisten a la escuela y que se desconoce el número de menores que carecen de registro oficial, incluyendo acta de nacimiento, y que forman un “sector invisible de la población”.
El perfil de los niños que no asisten a la escuela, dijo, coincide con las mismas características que en el caso de la mortalidad infantil, es decir: comunidades indígenas, de familias que viven en situaciones de pobreza “y que están situados con muchas más probabilidades en el sur-sureste del país”.
Dijo que en la ONU “nos urge saber cuántos niños y niñas no existen en México, porque al no tener un acta de nacimiento no existen”.
La UNICEF pondera el hecho de que en el país coexisten situaciones de grave desnutrición con crecientes índices de sobrepeso y obesidad en niños. “Se tienen las dos situaciones coexistiendo en el país y eso es un desafío importante para la política pública.”
Narro: educación debe unir a AL y el Caribe
El Universal
Sábado 01 de mayo de 2010
El rector de la UNAM, José Narro Robles, llamó ayer desde Chile, a integrar a América Latina y el Caribe desde el conocimiento y la cultura.
Narro Robles dictó ayer la clase magistral “La educación superior: retos y oportunidades para AL” en la inauguración del año académico de la Universidad de Santiago de Chile, en la que se refirió a la realidad educacional de la región.
El académico mexicano djio que la tecnología y las facilidades de comunicación en tiempo real deben aprovecharse “para avanzar en la integración de América Latina y el Caribe desde el conocimiento y la cultura, desde la educación superior´.
“América Latina requiere que sus universidades se pongan de acuerdo, formen redes y aprovechen sus recursos para contribuir mejor al desarrollo”, además de impulsar “un proceso de reforma que responda a nuestras necesidades” planteó.
Exhortó a promover la “libre circulación del conocimiento” en la región y desarrollar sistemas de acreditación “que nos permitan reconocer el valor de nuestros planes de estudio y elevar su calidad con estándares adecuados a la realidad”.
Agregó que se debe superar el modelo de universidad tradicional que predomina en América Latina, que se centra sólo en la formación de profesionales, y dijo que es necesario motivar a las empresas para que inviertan en investigación y desarrollo.
Djio que el mercado no debe regular la prestación de servicios educacionales. (Notimex)
Fraudes en la alfabetización: INEA
Aún cuando en 14 estados no se ha concluido el diagnóstico, hasta ahora los casos de corrupción podrían equivaler a que uno de cada 10 asesores o promotores
NURIT MARTÍNEZ nurit.martinez@eluniversal.com.mx
El Universal
Domingo 02 de mayo de 2010
El Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) analiza en 18 estados de la República, ocho mil casos de corrupción en los que supuestamente incurrieron los asesores o “maestros” que enseñan a leer, escribir y a concluir la primaria o la secundaria a 33.4 millones de mexicanos que no lo han hecho, puesto que para obtener un salario adicional aplicaron pruebas a “su vecino, a su papá, al primo o la hermana”, quienes ya tienen un certificado de educación básica.
Por cada uno de esos estudiantes-adultos, los asesores cobraron tres mil 200 pesos por módulo cursado, además de 100 pesos por cada uno de los 12 exámenes aplicados para acreditar la primaria o la secundaria.
Juan de Dios Castro, director general del INEA aseguró que se ha dado de “baja” a esas ocho mil personas para impedir que vuelvan a presentarse a una prueba. Además, está por definirse el número de maestros del Instituto involucrados para determinar qué sanciones recibirán como servidores públicos.
Aún cuando en 14 estados no se ha concluido el diagnóstico, hasta ahora los casos de corrupción podrían equivaler a que uno de cada 10 asesores o promotores o incurrieron en esa práctica.
Pagan 29 millones de pesos
La cantidad del fraude cometido en contra de la institución educativa no se ha determinado aún, afirmó el funcionario, pero en la última jornada de aplicación de exámenes que se efectuó en marzo, el Instituto distribuyó más de 29 millones pesos entre los asesores, sólo por las 291 mil 560 pruebas realizadas.
De acuerdo con las cifras del INEA, en ese mes, 26 mil 153 personas lograron la alfabetización y concluir su primaria o secundaria, por lo que eso representó un pago de 83 millones 689 mil pesos a los asesores y promotores de la educación que se imparte a los mayores de 15 años.
“Tenemos que desmenuzar bien cuántos de esos ocho mil fueron de servicio completo, cuantos sólo fueron usuarios de certificación, cuántos sólo presentaron examen para una materia, cuántos fueron de todo el proceso completo, porque son costos muy distintos y en qué estados fue”.
En el promedio nacional, otorgar servicio completo (de orientación, inscripción, entrega de materiales didácticos, asesorías educativas, servicios de evaluación de diagnóstico, formativos o finales y la certificación) tiene un costo por alumno de cinco mil 400 pesos, pero varía de una entidad a otra por las condiciones geográficas. Por ejemplo, en Jalisco se destinan 2 mil 900 pesos y en Baja california Sur casi 17 mil pesos.
Desde hace nueve meses el funcionario planteó en una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) a los secretarios del ramo de todo el país y ante el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las irregularidades identificadas.
Registran a parientes y amigos
En aquella sesión, el titular del Instituto, Castro Muñoz, relató: “El grave problema, es que el asesor registra a Juan Pérez que curiosamente es su cuñado, lo da de alta en el INEA como si no tuviera primaria. Por cada examen que pasa Juan Pérez el asesor se lleva 100 pesos. Le aplicamos 12 exámenes en un periodo de un año y le extendemos un certificado y qué creen, Juan Pérez hace 10 años que le dieron su certificado de primaria en la SEP”.
Pese a que en la sesión de julio de 2009 la Conaedu acordó elaborar en un plazo no mayor a 90 días hábiles un diagnóstico puntual sobre esa situación, Castro Muñoz dijo ahora que el estudio está por concluir y en la reunión de la próxima sesión de ese Consejo se presentarán los casos identificados como de corrupción y el número de asesores involucrados.
“Sí va a haber, por supuesto, va a haber casos de corrupción… Tenemos que rastrear a qué estados corresponden estas situaciones, quién fue su técnico docente, quién fue su asesor, etcétera”.
Una vez que concluya ese proceso “daremos parte a las autoridades correspondientes. Pero sí me parecería muy temerario que sin terminar el proceso ande anunciando vayamos contra ellos, los vamos a meter a la cárcel… pero primero vamos a terminar el proceso”.
El Instituto tiene registrados 100 mil asesores y promotores con escolaridad promedio de bachillerato. Su edad va de los 18 a 24 años y 65% son mujeres. Del total, 70 mil son fijos y el resto son jóvenes que se emplean mientras continúan con sus estudios.
Otro de los problemas identificados por el INAE y planteado para su diagnóstico en el encuentro con los secretarios, según la versión estenográfica, es la detección de “un número indefinido” de supuestas escuelas o centros educativos en todo el país que ofrecen servicio a la población sin que tengan un reconocimiento oficial de la SEP.
Asesores instalan escuelas
“Imagine que hay un asesor del INEA que atiende a 300 alumnos porque trabaja desde las 8:00 a las 20:00 horas, con una hora de descanso. El asesor se gana 100 pesos por alumno. Ese maestro lo que tiene es una escuela. El problema es que en algunos estados los asesores cobran a sus alumnos, mientras que con lo que les paga el INEA les es suficiente para rentar, pagar la luz y agua”.
El certificado de esas “seudoescuelas”, denunció Castro Muñoz, no se los da la Secretaría, porque no son escuelas debidamente incorporadas para proporcionar esos estudios, sino el INEA, describió para solicitar a los secretarios contribuir en un diagnóstico nacional.
Los asesores que operan en esos lugares obtienen ingresos por alumno atendido (tres mil 200 pesos), por exámenes acreditados (100 pesos por cada uno), además de la cuota de inscripción y mensualidad por estudiante.
A nueve meses de que inició ese proceso, el titular del INEA afirma que “estos centros más que ilegales están aprovechando un vacío legal”.
El diagnóstico que sigue en proceso, agregó, es para “proceder a regularizarlos”, aunque Castro Muñoz reconoce que eso necesitará una reforma a la Ley General de Educación, en la cual ya trabaja ese Instituto para que sea la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo federal quienes la presenten ante el Congreso o se plante el escenario a los legisladores de la Comisión de Educación, a fin de que regulen esas “seudoescuelas”.
Lo que se tiene en las Reglas de Operación de los Programas de Atención a la Demanda de Educación para los Adultos y para la Vida y el Trabajo, es el aval hacia esos “centros particulares” bajo la sola advertencia de que “en ningún caso podrán cobrar por los servicios gratuitos que ofrece el programa”.
“Es más fácil alertar a las autoridades locales, en lugar de alertar a la ciudadanía, es como si, un ejemplo, la SEP dijera a la ciudadanía: “cuidado con las escuelas patito“. Espérame, pues esa es tú chamba. ¡Cómo que la ciudadanía! Más bien tú regula. Por eso, la SEP hace lo que hace, en lugar de alertar a los usuarios, pues mete orden”.
Van 61 periodistas asesinados: CNDH
Demanda al Estado indagar agravios contra comunicadores
Miguel Ángel Sosa
El Universal
Lunes 03 de mayo de 2010
miguel.sosa@eluniversal.com.mx
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que del años 1999 a la fecha tiene radicados 594 expedientes de queja por agravios contra periodistas.
Además, indicó que de 2005 a la fecha emitió 20 recomendaciones y tiene registradas 10 desapariciones de trabajadores de medios de comunicación.
Mediante un comunicado, el organismo encabezado por el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, detalló que desde 2000 registró 61 homicidios de periodistas: cuatro en el año 2000 e igual número el año siguiente; tres en 2002; uno en 2003 y cinco en 2004.
Además, cuatro en 2005, 10 en 2006, cuatro en 2007, 10 en 2008, 12 en 2009 y cuatro en lo que va del presente año.
Al conmemorarse este lunes, 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la Comisión Nacional consideró que la libre expresión está en riesgo cuando hay espacios y acciones que atentan contra la actividad de los comunicadores.
Llama a rechazar violencia
“Los ataques contra periodistas en nuestro país han hecho que los recientes años sean negros para ellos. No debemos permitir que trabajen bajo la amenaza de la violencia y de las balas”, señaló el organismo defensor.
Explicó que como sociedad “debemos mantener una actitud de rechazo a la violencia y de exigencia para evitar que el periodismo se convierta en el oficio más peligroso”.
La instancia detalló que los atentados contra los comunicadores son preocupantes, no sólo porque se trata de agravios a la integridad y vida de personas, sino porque la libertad de expresión “es un bien social indispensable en la democracia”.
“El Estado mexicano tiene la obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de los agravios, con el fin de que la autoridad judicial imponga a los responsables las sanciones que las leyes prevén”, agregó el mensaje de Plascencia, presidente de la CNDH.
Se realizará la primera sesión del Foro de América Latina y Caribe de Parlamentarios de Educación (FLACPED I)
El próximo 4 y 5 de mayo, se darán cita en Santiago de Chile cerca de 60 congresistas de la toda la región, con la finalidad de dar el primer paso hacia la creación de una instancia regional de compromiso parlamentario con el programa Educación para Todos (EPT). Se espera que de esta Conferencia regional, se emane el Estatuto, Plan de Acción y Declaración del FLACPED.
En el marco de la implementación de una alianza mundial para el desarrollo
(Objetivo de Desarrollo del Milenio No.8) y de la estrategia a Plazo
Medio de la UNESCO 2008-2013, el Sector de Relaciones Exteriores y Cooperación de la UNESCO organizó para el próximo 4 y 5 de mayo del 2010, el 1er Foro de América Latina y el Caribe de Parlamentarios para la Educación (FLACPED I).
La iniciativa emerge desde la necesidad de reforzar la colaboración de la UNESCO con los parlamentarios y representantes de organizaciones parlamentarias hacia la implementación de los programas de la Organización en materia de educación, convirtiéndolos de esta forma en puntos focales.
Una de las funciones primordiales de FLACPED será buscar el logro de los seis objetivos del programa Educación Para Todos en 2015, apoyando el desarrollo del Proyecto Regional de Educación para América Latina y El Caribe – PRELAC liderado por la UNESCO a través de su Oficina Regional de Educación en Santiago de Chile.
La ceremonia de apertura del FLACPED I, que se realizará el 4 de mayo del 2010, estará a cargo de Ahmed Sayyad, Subdirector General, Sector de Relaciones Exteriores y Cooperación y Representante de la Directora General de la UNESCO; el Senador Jorge Pizarro Soto, Presidente del Senado de la República de Chile y Presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y Joaquín Lavín Infante, Ministro de Educación de la República de Chile.
Las sesiones de trabajo de la Conferencia, que contará con la presencia de más de 60 representantes de la región de 33 países de la región, estarán principalmente enfocadas en los siguientes temas:
1) Asociación entre la UNESCO y los Parlamentarios,
2) Introducción a la Educación para Todos (EPT) y presentación del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2010,
3) Descripción general de la EPT en América Latina y el Caribe,
4) Perspectivas de asociaciones para la EPT en América Latina y el Caribe,
5) Papel de los parlamentarios dentro de la EPT e historias exitosas de foros parlamentarios para la educación en las regiones de África (FAPED), los Estados Árabes (FARPED), y, Asia y el Pacífico (FASPPED),
6) 2010, Año Internacional de Acercamiento de las Culturas,
7) Establecimiento de FLACPED (adopción de los Estatutos, del plan de trabajo 2010-2011 y elección del Consejo Ejecutivo del FLACPED).
Se espera que en esta primera Conferencia, el FLACPED realice la Elección de los Miembros del Consejo Ejecutivo, apruebe un Estatuto, proponga un Plan de Acción y emane la Declaración Oficial del Foro.
Fuente: http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=12630&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
La violencia disminuirá a fin de año: Gómez Mont
La mayor parte de los choques es entre los propios delincuentes, dice
J. Jaime Hernández / Corresponsal
El Universal
Miércoles 05 de mayo de 2010
politica@eluniversal.com.mx
WASHINGTON, D.C.— El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pronosticó ayer que “el ciclo de la violencia en México disminuirá en los próximos meses”, y que esta baja se hará más patente “hacia fines de 2010”, lo que permitirá reforzar las instituciones y trabajar en favor de una paz más estable en el país.
El funcionario basó su optimismo en la convicción de que la larga y costosa lucha contra los cárteles de la droga “los ha debilitado” y en que, además, una buena parte de ellos se ha enfrascado “en un proceso muy autodestructivo.
“Hoy, la mayor parte de la violencia es producto de los enfrentamientos que se dan entre ellos”, aseguró Gómez Mont al enfatizar que el gobierno del presidente Felipe Calderón no cederá en la lucha por “restablecer la seguridad y el imperio de la ley en todo el país”.
El titular de Gobernación participó ayer en un diálogo con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, en la sede de la Brookings Institution. El encuentro, con representantes de la academia y medios de comunicación, le permitió hablar sobre la seguridad fronteriza y el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
“Somos una población pacífica. Somos un país próspero. Por muchos años, la seguridad no fue debidamente atendida, pero ahora sí lo es. Debemos enfrentar ahora el costo de lo que no hicimos en el pasado. Merece la pena. No tengo dudas”, dijo.
Durante el diálogo, Napolitano se mostró más prudente en su diagnóstico, al asegurar que la lucha de ambos países contra los cárteles de la droga “es un maratón y no una carrera de corto recorrido”, pero afirmó que “una cosa es segura: el fracaso no es una opción”.
El secretario de Gobernación añadió: “Somos dos naciones democráticas que creemos en la defensa de las libertades y en el imperio de la ley”.
Dijo que el gobierno no cederá en la lucha por “restablecer la seguridad y el imperio de la ley en todo el país”.
Expresan preocupación por migrantes
El encuentro, que dedicó gran parte del diálogo a temas de seguridad fronteriza y a la lucha que ambas naciones libran contra los cárteles, no pudo obviar otros asuntos que afectan la relación bilateral, como la recién promulgada legislación antiinmigrante en Arizona —la ley SB1070—, que criminaliza la presencia de indocumentados en ese estado.
“Al gobierno de México le preocupan las implicaciones que tendrá esta legislación en el terreno de los derechos humanos”, aseguró Gómez Mont al enfatizar que aunque reconoce que este es un asunto doméstico y soberano de Estados Unidos, al gobierno mexicano le inquietan que puedan darse brotes de intolerancia.
En México, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, dijo que “la experiencia internacional [...] en Italia, en Colombia, en Nueva York, en Chicago, en todos los casos la curva (de violencia) fue ascendente hasta los primeros cinco, 10 años”, a partir del momento en que se decide a enfrentar al crimen organizado. “Yo espero que en México sea antes”, dijo en el Foro de Reuters sobre Inversión en América Latina.
“En todos los casos, el promedio [para controlar al narco] es de seis a ocho años”, dijo. (Con información de Reuters)
Convenio de Colaboración AMIJ-INAP, 6 de Mayo, 2010.
Fecha: 06 de Mayo de 2010 a las horas
Lugar: Ciudad de México
El día 6 de Mayo de 2010, se estableció un convenio general de colaboración entre la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ) y el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP).
Dicho convenio tiene como objeto establecer los mecanismos de colaboración entre el INAP y la AMIJ para llevar a cabo, mediante la suscripción de instrumentos específicos, los siguientes tipos de actividades:
· Programas de desarrollo institucional
· Investigaciones y estudios académicos
· Cursos y talleres de formación y desarrollo profesional, actualización y capacitación
· Demás actividades encaminadas a fortalecer y modernizar la impartición de justicia en el país.
El convenio fue suscrito por José Rafael Castelazo de los Ángeles, Presidente del Consejo Directivo del INAP y el Doctor Rolando de Lassé Cañas, Secretario Ejecutivo de la AMIJ.
Fuente: http://www.amij.org.mx/noticiaDescripcion.php?articulo_id=95&?expanddiv=none
La UNESCO prepara un debate sobre las TIC y la educación para el Foro de la Sociedad de la Información
07-05-2010
El propósito de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información es garantizar que los beneficios económicos, sociales y educativos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son accesibles a todos, al tiempo que promueven ventajas específicas en los ámbitos de la salud, la educación, la alfabetización, la diversidad cultural, la igualdad entre los sexos y el desarrollo sostenible.
La UNESCO está preparando dos debates de alto nivel para el Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de 2010, que tendrá lugar del 10 al 14 de mayo en Ginebra (Suiza). Además, la Organización ejercerá de moderadora en una sesión sobre las TIC y la educación, que se celebrará el martes 11 de mayo.
La organización del Foro de la CMSI corre a cargo de la UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Las reuniones se difundirán por conducto de Internet (webcast).
Fuente: http://www.unesco.org/es/education/dynamic-content-single-view/news/unesco_organizes_icts_and_education_debate_at_information_society_forum/back/9195/cHash/05fc2d2c40/
Mujeres exigen equidad en el trabajo
El Universal
Sábado 08 de mayo de 2010
La Red de Mujeres Sindicalistas, que agrupa a 21 organizaciones laborales de todo el país, demandó una reforma a fondo de la Ley Federal del Trabajo, que garantice la equidad de género en el mercado laboral.
Activistas advirtieron que las mujeres representan más de 42% de la Población Económicamente Activa (PEA), pero reciben bajos salarios, agresiones de sus patrones, son víctimas de acoso y violencia sexual y, la mayoría, dijeron, no cuenta con estabilidad ni seguridad social.
Beatriz Luján, del Frente Auténtico del Trabajo, urgió una cultura en la que puedan tener mejor calidad de vida. (Francisco Reséndiz)
Mamás, de sumisas a estresadas
Se sobreexigen, pues también desean ser mujeres: experta
Carolina García
El Universal
Domingo 09 de mayo de 2010
politica@eluniversal.com.mx
En 1969, Ana es una madre y esposa abnegada, que ha dado todo por sus hijos y que casi se ha desdibujado como mujer en los albores de los nuevos tiempos, con el respeto de sus hijos, pero también con cierto olvido.
Ana, es el personaje que Marga López interpretó en ese año en La agonía de ser madre, cinta a la que precedieron El día de las madres y La sombra de los hijos con el mismo tinte dramático.
Antes, las féminas “anteponían las necesidades de los demás a las suyas”, primero había que ser madre, esposa, hija o hermana, que mujer, asegura la doctora Margarita Ávila Espinosa. Pero ahora, “se sobreexigen a sí mismas porque quieren seguir siendo mamás, pero también desean ser mujeres”.
La madre sumisa contrasta con la estresada figura de hoy, quien al contrario de lo que pudiera pensarse es preferible que trabaje a que no lo haga, pues en el oficio que desarrolle puede “descargar su energía en una aproximación a realizar un proyecto de vida”.
Sin embargo, el trabajo reduce horas dedicadas al cuidado de los hijos, lo que le genera culpa; la cual es propiciada “por una herencia social y cultural por cuidar y atender las emociones de los demás miembros de la familia”, la vieja idea de la figura materna, como la de Ana, en La agonía de ser madre.
“Las mamás de hoy ‘sobrecompensan’ a los hijos comprándoles ropa, juguetes, herramientas en un afán por cubrir esa ausencia. Pero al final, el niño no se satisface, quiere más, es como un barril sin fondo”, asegura la especialista.
Mas no en todos los casos ocurre esto. “Hay algunas señoras —madres solteras, casadas; con mucha o poca educación— que trabajan pero envían a sus hijos un mensaje de certeza, que reconocen a los hijos como individuos independientes, sin necesidad de estar 15 horas juntos, pero que les dan intimidad y seguridad de una relación madre-niño”, dice Ávila.
La experta también apunta que existe otro tipo de mujeres, profesionistas que truncan su vida laboral en pos de una familia que “trasladan y canalizan esa energía profesional a una persona, es decir a sus hijos”.
La doctora las define como féminas que buscan un “niño perfecto”, que quieren que “hable inglés, sepa nadar, sea muy listo” para complementar el proyecto que no terminaron.
Las mujeres de hoy son menos seguras que las madres de antes pues no quieren traumar a sus hijos, ni que éstos sientan dolor por su causa. “En los años 60 se dio una revolución derivada de las ideas freudianas, cuando se puso de moda la palabra ‘trauma’ y se atribuía a los padres el trauma en la infancia”, explica la experta.
Un efecto secundario de esta búsqueda para no “traumar” a los hijos es la inseguridad que las señoras generan en estos años. “Antes, la figura de autoridad del padre era incuestionable por los hijos y la madre; ahora, ellas intervienen por sus hijos, son más cercanas a ellos, pero pierden autoridad y respeto. La pérdida de respeto y autoridad es lo que lleva a esa inseguridad generada”, concluye.
SCJN verá el caso Wallace
Ministros decidirán el 19 de mayo si atraen el expediente
Carlos Avilés Allende
El Universal
Lunes 10 de mayo de 2010
caviles@eluniversal.com.mx
Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron darle prioridad a la petición que les hizo el procurador general de la República, Arturo Chávez, para que intervengan en el juicio de los secuestradores del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
A un mes de haber recibido la solicitud de la PGR, los ministros programaron el caso Wallace para que sea revisado en la sesión del 19 de mayo. Aunque todavía no existe la certeza de que la Corte acuerde aceptar la petición del procurador, pues existen integrantes del alto tribunal que si bien consideran que este caso es de alto impacto para la sociedad, en la práctica, desde el punto de vista jurídico, no reviste de relevancia y trascendencia.
El procurador Chávez solicitó a la Corte que haga uso de su facultad de atracción para que se encargue de revisar las sentencias que aplicó un juez federal a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace, por considerar que fueron mínimas, pues en su opinión merecían penas más altas.
El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, el 24 de diciembre de 2009, condenó de 28 a 45 años de prisión al ex policía de Morelos César Freyre Morales; a la bailarina Juana Hilda González Lomelí, y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, a quienes se responsabilizó del secuestro del hijo de Isabel.
Pero tanto, a la presidenta de la asociación Alto al Secuestro como a la PGR, las sanciones les parecieron mínimas.
El reclamo
La primera en reaccionar fue la señora Miranda de Wallace, quien, como primera medida de protesta, el 5 de enero pasado se reunió con el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para expresarle el sentimiento de frustración, impotencia y enojo que tiene por la condena que emitió un juez federal en el caso de su hijo.
Porque, en su opinión, los plagiarios merecen recibir una pena promedio de 90 años por los cuatro delitos que se les imputaron y que fueron: privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, extorsión, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
PGR apela sentencia
Ese mismo día, la PGR anunció que apelaría la condena y así lo hizo. La revisión se le turnó al Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal en el DF.
Por la relevancia y trascendencia de este caso, el procurador Chávez le pidió a la primera sala de la Corte que fuera ella y no un tribunal de menor jerarquía el que resuelva la apelación y decida si se debe o no aplicar una pena mayor.
En el alto tribunal, el caso se le turnó para su análisis al ministro José Ramón Cossío Díaz, a fin de que elabore un proyecto de sentencia en el que proponga a sus compañeros ejercer o no la facultad de atracción de la Corte para intervenir en este juicio y hasta el momento se desconoce el contenido de su propuesta.
Para que los ministros acepten ejercer su facultad de atracción deben reunir tres votos a favor de que están ante un asunto de trascendencia y relevancia, pero desde el punto de vista jurídico, que aporte nuevos criterios para resolver casos similares en todo el país.
CNDH emite al INM recomendación por trato a indocumentada
El Universal
Martes 11 de mayo de 2010
La CNDH emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso de una mujer indocumentada de origen hondureño, menor de edad y con 36 semanas de embarazo, a quien, “contra la norma, se le estableció procedimiento migratorio correspondiente a un adulto”.
Explicó que la menor fue detenida el 20 de noviembre de 2008 en Tenosique, Tabasco, y enviada a la estación migratoria, pero escapó el 28 de noviembre “sin que se conozca su paradero”.
La CNDH informó que acreditó violación a los derechos a la integridad, a la seguridad jurídica y al debido proceso de la menor, y solicitó al INM que colabore en la queja que promoverá “contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos”. (Miguel Ángel Sosa)
Subsecretario admite desface en la aplicación de prueba ENLACE
Nurit Martínez
El Universal
Martes 11 de mayo de 2010
nurit.martinez@eluniversal.com.mx
Es posible que se hayan presentado “eventualmente algunos desfases” durante la aplicación de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) tal como denunciaron los maestros de que la prueba incluyó preguntas sobre temas que los niños no han visto en clase, aseguró el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez.
A unos días de que la subsecretaría lanzó en su página de facebook una consulta para saber: “¿Cómo van en la prueba ENLACE? Nos gustaría escuchar sus comentarios”.
Dijo entender la preocupación de los profesores a quienes se les entregarán estímulos a partir de los resultados de esa prueba.
Entre los mil 500 seguidores que tiene la subsecretaría en esa red social, se contabilizaron 80 participantes que denunciaron que los alumnos recibieron días antes un listado de respuestas que tenían que aprenderse para resolver el examen.
Otros dijeron que las preguntas incluían temas aún no vistos en clase o bien, que la prueba resultó “difícil” para los niños con necesidades especiales y cuestionaron, cómo a partir de eso se pretende entregar estímulos.
El subsecretario dijo que los comentarios recabados se turnarán al área encargada de diseñar, aplicar y evaluar la prueba, que es la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.
La característica de los participantes en esa red, maestros, directivos, supervisores y personas interesadas, son las constantes faltas ortográficas, además de que el subsecretario no interviene en el debate.
Groushenka Serrano, una de las primeras en responder a la encuesta de la subsecretaría, planteó: “que pasa con las preguntas a temas que los niños no vieron en clase???????” (sic).
Natalya Moreno Campuzano manifestó su inconformidad de la siguiente manera: “me molesta el hecho de que si se supone que es una prueba estandarizada de evaluacion nacional, la aplicacion sea en diferentes dias, asi la confiabilidad de los resultados no es al 100 % debio haber sido los mismos dias para todo el pais, en mi zona se aplicara miercoles y jueves, cuando en otras ya se aplico desde el lunes, y en otras mas se aplicara jueves y viernes, o sea, de que se trata?” (sic).
Debido a que en las últimas semanas la Secretaría de Educación Pública, el SNTE y el presidente Calderón enfatizaron sobre la importancia de los resultados para que los maestros obtengan ingresos adicionales como un estímulo para mejorar la calidad de la educación, los mentores externaron su preocupación.
La maestra Magdalena Castro escribió a la mitad de la prueba en facebook: “falta mayor motivacion por parte de los padres, maestos y directivos para que los niños tomen este examen mas serio...no es posible que a los 15 minutos (de 45) ya terminen...¿algo pasa?”.
El profesor Antonio Martínez le constestó: “Simple... NO ES SIGNIFICATIVO para padres y niños... ellos creen que ENLACE es para evaluar a los maestros... y eso a ellos les vale...es más.. quieren que salgamos mal...”.
Banco Mundial presta 700 mdd para educación
El Universal
Miércoles 12 de mayo de 2010
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El Banco Mundial aprobó el préstamo a México para el Desarrollo de Políticas en la Educación Media Superior por un monto de 700 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda informó que con esta operación se reconocen los trabajos hechos desde 2008 por el gobierno mexicano para reformar y mejorar la educación de nivel medio superior.El crédito tiene un plazo de amortización de 17 años y será pagado en una sola exhibición en diciembre de 2027. El préstamo otorgado forma parte de la estrategia del Gobierno de hacer uso de fuentes de financiamiento con condiciones favorables, y se encuentra comprendido dentro del techo de endeudamiento aprobado por el Congreso para el este año fiscal.
ONU exige garantías para defensores de DHInaceptable, que los derechos humanos sean “víctimas” de la lucha antidrogas; relatores condenaron el ataque contra la caravana de paz en Oaxaca hace unas semanas
Silvia Otero
El Universal
Jueves 13 de mayo de 2010
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Jueves 13 de mayo de 2010
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Relatores de Naciones Unidas advirtieron que en México se deteriora la situación de los defensores de los derechos humanos, quienes enfrentan graves amenazas y pagan con la vida al realizar su trabajo, como sucedió en San Juan Copala, Oaxaca, el mes pasado. Exigieron al gobierno tomar las medidas necesarias para su protección e impedir que se repitan nuevos episodios de violencia.
Indicaron que a pesar de los desafíos que enfrenta la administración de Felipe Calderón en la lucha contra los cárteles de la droga, “no hay justificación” para no tomar las medidas necesarias cuando defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinados.
“No se debe permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”, expusieron los relatores de la ONU en un comunicado que fue difundido ayer.
Los firmantes de dicho documento son Margaret Sekaggya, relatora sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, y Philip G. Alston, relator sobre las Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales o Arbitrarias.
También signaron el comunicado James Anaya, relator de Libertades y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, y Frank La Rue, relator de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.
Los relatores condenaron el asesinato de Beatriz Alberta Cariño y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, quienes formaban parte de una misión de observación de los derechos humanos en Oaxaca cuando el 27 de abril fueron emboscados y masacrados por paramilitares.
En la emboscada, otros activistas y periodistas resultaron heridos, incluyendo dos reporteros de la revista Contralínea, quienes pasaron dos días escondidos en la selva antes de ser rescatados por la policía.
Frente a esta agresión, la relatora Margaret Sekaggya enfatizó que “estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos en México, incluidas las mujeres y las personas defensoras que trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas”.
Piden esclarecer masacre en Oaxaca
El grupo de expertos exhortó al gobierno mexicano “a tomar las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país, contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades”, así como a garantizar el ejercicio periodístico en toda la República.
En el caso concreto de San Juan Copala, el relator Anaya afirmó que es preocupante “el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en esa comunidad durante los últimos meses; está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena triqui”.
Sobre el asesinato de los activistas, los relatores exhortaron a las autoridades “a iniciar una investigación pronta e imparcial sobre los hechos mencionados, con el fin de que las personas culpables sean identificadas, puestas a disposición judicial, y que se les impongan las penas adecuadas. La comunidad internacional seguirá de cerca la respuesta del gobierno mexicano en relación a estos hechos”.
Indicaron que a pesar de los desafíos que enfrenta la administración de Felipe Calderón en la lucha contra los cárteles de la droga, “no hay justificación” para no tomar las medidas necesarias cuando defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinados.
“No se debe permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”, expusieron los relatores de la ONU en un comunicado que fue difundido ayer.
Los firmantes de dicho documento son Margaret Sekaggya, relatora sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, y Philip G. Alston, relator sobre las Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales o Arbitrarias.
También signaron el comunicado James Anaya, relator de Libertades y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, y Frank La Rue, relator de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.
Los relatores condenaron el asesinato de Beatriz Alberta Cariño y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, quienes formaban parte de una misión de observación de los derechos humanos en Oaxaca cuando el 27 de abril fueron emboscados y masacrados por paramilitares.
En la emboscada, otros activistas y periodistas resultaron heridos, incluyendo dos reporteros de la revista Contralínea, quienes pasaron dos días escondidos en la selva antes de ser rescatados por la policía.
Frente a esta agresión, la relatora Margaret Sekaggya enfatizó que “estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos en México, incluidas las mujeres y las personas defensoras que trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas”.
Piden esclarecer masacre en Oaxaca
El grupo de expertos exhortó al gobierno mexicano “a tomar las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país, contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades”, así como a garantizar el ejercicio periodístico en toda la República.
En el caso concreto de San Juan Copala, el relator Anaya afirmó que es preocupante “el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en esa comunidad durante los últimos meses; está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena triqui”.
Sobre el asesinato de los activistas, los relatores exhortaron a las autoridades “a iniciar una investigación pronta e imparcial sobre los hechos mencionados, con el fin de que las personas culpables sean identificadas, puestas a disposición judicial, y que se les impongan las penas adecuadas. La comunidad internacional seguirá de cerca la respuesta del gobierno mexicano en relación a estos hechos”.
SEP admite opacidad en lista magisterial, Sólo 25 estados entregaron la información sobre docentes
Nurit Martínez
El Universal
Viernes 14 de mayo de 2010
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nurit.martinez@eluniversal.com.mx
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nurit.martinez@eluniversal.com.mx
El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal aseguró que en el registro de maestros en México existe opacidad y descartó señalar que haya corrupción o un sinnúmero de aviadores como acusaron algunas organizaciones de la sociedad civil.
“Lo que no existe es plena transparencia, no hablaría de otra cosa que no sea opacidad”, dijo el secretario, por lo que anunció que al finalizar el mes de junio se pondrá a escrutinio de los mexicanos el número e identidad de los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El funcionario informó que hasta ahora sólo 25 entidades han entregado su información y no se prevén sanciones para quien no lo haga.
Mencionó que permanecerá la figura de comisionados sindicales puesto que eso lo determinan en cada una de las entidades federativas para realizar las labores del magisterio.
Datos completos
Al concluir la Entrega de reconocimientos al Compromiso con el Futuro de México y resultados de la Primera Jornada Nacional del INEA A medias nada, realizada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el secretario se refirió a la demanda encabezada por Mexicanos Primero, Causa en Común, el Compromiso Social por la Educación y otras 26 organizaciones para que se dé a conocer un padrón de maestros que clarifique la identidad de cada uno de ellos, la capacitación acumulada a lo largo de su carrera, su situación laboral actualizada y los niveles de desempeño.
Alonso Lujambio aseguró recibir con beneplácito el interés de la sociedad por este proceso que se inició desde hace tres años para hacer un registro nacional y que este año se ha incluido dentro de los lineamientos para cumplir con el presupuesto.
Indicó que para llevar a cabo esto se cuenta con el compromiso del SNTE y de la propia dependencia para “generar una política racional y exacta”.
“No hay transparencia”
A la pregunta de que si a partir del 30 de junio en el sistema educativo no habrá más aviadores y personas que incurran en la corrupción, como lo denunciaron las organizaciones, el secretario Lujambio Irazábal aseguró; “lo que no existe es plena transparencia, no hablaría de otra cosa que no sea opacidad. Necesitamos transparentar y para trasparentar necesitamos información, y necesitamos que la información sea sistemática y signifique lo mismo en cada entidad. Si no logramos la homologación de la información, no va a ser rica y no nos va a decir todo lo que queremos que nos diga”.
Antes durante la ceremonia, el diputado de Nueva Alianza, Jaime Arturo Vázquez Aguilar —ex secretario particular del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González— aseguró que el sistema educativo tiene “deficiencias estructurales que ha generado un grave problema de rezago”.
El director del INEA, Juan de Dios Castro, aseguró que son 33.4 millones de mexicanos los que viven en esa condición, cantidad que es similar a la población total de Canadá.
En tanto que el titular de la SEP dijo reconocer la condición que se acentúa entre los indígenas ya que afecta a 8 de cada 10 personas, pero aunque es un “asunto de urgente resolución” es una “lástima que no tenemos dinero para potenciar el trabajo de la institución”.
“Lo que no existe es plena transparencia, no hablaría de otra cosa que no sea opacidad”, dijo el secretario, por lo que anunció que al finalizar el mes de junio se pondrá a escrutinio de los mexicanos el número e identidad de los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El funcionario informó que hasta ahora sólo 25 entidades han entregado su información y no se prevén sanciones para quien no lo haga.
Mencionó que permanecerá la figura de comisionados sindicales puesto que eso lo determinan en cada una de las entidades federativas para realizar las labores del magisterio.
Datos completos
Al concluir la Entrega de reconocimientos al Compromiso con el Futuro de México y resultados de la Primera Jornada Nacional del INEA A medias nada, realizada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el secretario se refirió a la demanda encabezada por Mexicanos Primero, Causa en Común, el Compromiso Social por la Educación y otras 26 organizaciones para que se dé a conocer un padrón de maestros que clarifique la identidad de cada uno de ellos, la capacitación acumulada a lo largo de su carrera, su situación laboral actualizada y los niveles de desempeño.
Alonso Lujambio aseguró recibir con beneplácito el interés de la sociedad por este proceso que se inició desde hace tres años para hacer un registro nacional y que este año se ha incluido dentro de los lineamientos para cumplir con el presupuesto.
Indicó que para llevar a cabo esto se cuenta con el compromiso del SNTE y de la propia dependencia para “generar una política racional y exacta”.
“No hay transparencia”
A la pregunta de que si a partir del 30 de junio en el sistema educativo no habrá más aviadores y personas que incurran en la corrupción, como lo denunciaron las organizaciones, el secretario Lujambio Irazábal aseguró; “lo que no existe es plena transparencia, no hablaría de otra cosa que no sea opacidad. Necesitamos transparentar y para trasparentar necesitamos información, y necesitamos que la información sea sistemática y signifique lo mismo en cada entidad. Si no logramos la homologación de la información, no va a ser rica y no nos va a decir todo lo que queremos que nos diga”.
Antes durante la ceremonia, el diputado de Nueva Alianza, Jaime Arturo Vázquez Aguilar —ex secretario particular del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González— aseguró que el sistema educativo tiene “deficiencias estructurales que ha generado un grave problema de rezago”.
El director del INEA, Juan de Dios Castro, aseguró que son 33.4 millones de mexicanos los que viven en esa condición, cantidad que es similar a la población total de Canadá.
En tanto que el titular de la SEP dijo reconocer la condición que se acentúa entre los indígenas ya que afecta a 8 de cada 10 personas, pero aunque es un “asunto de urgente resolución” es una “lástima que no tenemos dinero para potenciar el trabajo de la institución”.
Escuelas, fábricas de niños obesos. Hay quienes dicen que fortalecen malos hábitos alimenticios adquiridos en casa
NURIT MARTÍNEZ nurit.martinez@
eluniversal.com.mx
El Universal
Sábado 15 de mayo de 2010
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Una vez que se lanza la señal para que inicie el primero de los dos recreos de esta secundaria en Iztapalapa, Héctor trata, al igual que sus compañeros, de correr hacia la tiendita para comprar una sopa, un refresco o unas frituras, y comerlos rápido, ya que aún le falta formarse para ir al baño y tener tiempo para jugar; sólo que a él se le dificulta un poco más porque lleva a cuestas 115.5 kilos de peso, que es lo que reporta su último diagnóstico médico.
La obesidad que presenta Héctor a sus 13 años lo ubica en el grupo de riesgo de padecer hipertensión arterial y diabetes. Lo mismo le ocurre a otros 6 millones 109 mil 420 jóvenes de secundaria en México.
Para médicos, investigadores, maestros, secretarios de Educación y representantes de las industrias de los alimentos, los hábitos desarrollados por los niños en las escuelas hicieron que éstas se convirtieran en “fábricas de niños obesos” o bien en espacios donde se “fortalecieron” los malos hábitos alimenticios adquiridos en el hogar.
Raúl Uresti, gerente de Mercadotecnia de Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, admitió que en escuelas, tienditas o comedores “hay alimentos al alcance de los niños que no les brindan ningún beneficio ni aporte nutrimental”.
A ello se le suma que algunos niños tienen el poder de compra, porque “muchas veces ponemos en sus manos dinero suficiente para gastar en el recreo”.
Desde su perspectiva, la única forma de atender este problema, que tiene dimensiones de un problema de salud pública, es ofrecer en la escuela “alimentos, bebidas y golosinas que contengan valores nutrimentales, que debe reforzarse con actividad física y una cultura alimenticia que debe iniciar desde el hogar”.
El representante del mayor número de bebidas que venden las escuelas dijo que la empresa Pascual “está en la mejor disposición de ser parte de la solución”.
Propuesta “congelada”
La iniciativa del Congreso para que las escuelas cuenten con un tiempo especial para la ejercitación física no ha prosperado, y la propia SEP frenó la propuesta ante el déficit de infraestructura. Dice que no hay el tiempo suficiente para hacer deporte, y que un número importante de los colegios no cuentan con agua potable o bebederos.
Guadalupe Chacón, secretaria de Educación y Cultura de Chihuahua, explicó que la iniciativa del ejercicio en las escuelas debe complementarse con otros incentivos, puesto que no necesariamente debe significar disponer un tiempo para ello.
Raúl Godoy, secretario de Educación en Yucatán, dijo que independientemente de lo que se establezca desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal, cada entidad ha tomado medidas para abordar este problema, que ha adquirido dimensiones de epidemia.
El funcionario rechazó que la escuela se haya convertido en una “fábrica de niños obesos”, porque es la “sociedad la que debe asumir esa responsabilidad y si no lo hace no lo vamos a solucionar. La escuela tiene un papel, pero también la familia”.
Explicó que “una parte importante la adquirieron los medios publicitarios que le dicen a los niños que consuman refrescos o sustancias altas en grasa, y ahí poco puede hacer un maestro contra eso”.
Graciela Carmina Andrade, secretaria de Educación de Michoacán, argumentó que como consecuencia del cambio de vida de las madres de familia y los salarios precarios, generó hábitos alimenticios que hoy tienen a parte importante de la población infantil con sobrepeso.
Detonantes de la obesidad
Aseguró que además de la escuela, el entorno social y el hogar contribuyeron a que México ocupe el primer lugar de obesidad al sumar a 10 millones 358 mil niños y jóvenes de entre 5 y 19 años de edad.
En su caso, dijo, además de impulsar las reformas jurídicas para “eliminar” de las escuelas los alimentos chatarra, se ha apoyado los desayunadores o el consumo de productos michoacanos naturales.
De esa forma son ya ocho estados que tienen esa prohibición: Campeche, Colima, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz.
Mientras al interior de los consejos de autoridades educativas y de Salud se prevé llegar a un consenso sobre lo que se podrá vender y consumir en las escuelas, los cinco gobiernos estatales que no tienen una regulación local impulsaron en sus Congresos la prohibición de la comida chatarra en planteles, como Sonora y Yucatán.
Pablo Kuri Morales, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, afirmó que los alimentos disponibles en las escuelas han “contribuido y favorecido” a que los pequeños tengan obesidad y sobrepeso en México, aunque también es cierto “que no es el único factor”.
Dijo que es un error considerar que si se regula el consumo de bebidas y comida en las escuelas se solucionará el problema.
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Una vez que se lanza la señal para que inicie el primero de los dos recreos de esta secundaria en Iztapalapa, Héctor trata, al igual que sus compañeros, de correr hacia la tiendita para comprar una sopa, un refresco o unas frituras, y comerlos rápido, ya que aún le falta formarse para ir al baño y tener tiempo para jugar; sólo que a él se le dificulta un poco más porque lleva a cuestas 115.5 kilos de peso, que es lo que reporta su último diagnóstico médico.
La obesidad que presenta Héctor a sus 13 años lo ubica en el grupo de riesgo de padecer hipertensión arterial y diabetes. Lo mismo le ocurre a otros 6 millones 109 mil 420 jóvenes de secundaria en México.
Para médicos, investigadores, maestros, secretarios de Educación y representantes de las industrias de los alimentos, los hábitos desarrollados por los niños en las escuelas hicieron que éstas se convirtieran en “fábricas de niños obesos” o bien en espacios donde se “fortalecieron” los malos hábitos alimenticios adquiridos en el hogar.
Raúl Uresti, gerente de Mercadotecnia de Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, admitió que en escuelas, tienditas o comedores “hay alimentos al alcance de los niños que no les brindan ningún beneficio ni aporte nutrimental”.
A ello se le suma que algunos niños tienen el poder de compra, porque “muchas veces ponemos en sus manos dinero suficiente para gastar en el recreo”.
Desde su perspectiva, la única forma de atender este problema, que tiene dimensiones de un problema de salud pública, es ofrecer en la escuela “alimentos, bebidas y golosinas que contengan valores nutrimentales, que debe reforzarse con actividad física y una cultura alimenticia que debe iniciar desde el hogar”.
El representante del mayor número de bebidas que venden las escuelas dijo que la empresa Pascual “está en la mejor disposición de ser parte de la solución”.
Propuesta “congelada”
La iniciativa del Congreso para que las escuelas cuenten con un tiempo especial para la ejercitación física no ha prosperado, y la propia SEP frenó la propuesta ante el déficit de infraestructura. Dice que no hay el tiempo suficiente para hacer deporte, y que un número importante de los colegios no cuentan con agua potable o bebederos.
Guadalupe Chacón, secretaria de Educación y Cultura de Chihuahua, explicó que la iniciativa del ejercicio en las escuelas debe complementarse con otros incentivos, puesto que no necesariamente debe significar disponer un tiempo para ello.
Raúl Godoy, secretario de Educación en Yucatán, dijo que independientemente de lo que se establezca desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal, cada entidad ha tomado medidas para abordar este problema, que ha adquirido dimensiones de epidemia.
El funcionario rechazó que la escuela se haya convertido en una “fábrica de niños obesos”, porque es la “sociedad la que debe asumir esa responsabilidad y si no lo hace no lo vamos a solucionar. La escuela tiene un papel, pero también la familia”.
Explicó que “una parte importante la adquirieron los medios publicitarios que le dicen a los niños que consuman refrescos o sustancias altas en grasa, y ahí poco puede hacer un maestro contra eso”.
Graciela Carmina Andrade, secretaria de Educación de Michoacán, argumentó que como consecuencia del cambio de vida de las madres de familia y los salarios precarios, generó hábitos alimenticios que hoy tienen a parte importante de la población infantil con sobrepeso.
Detonantes de la obesidad
Aseguró que además de la escuela, el entorno social y el hogar contribuyeron a que México ocupe el primer lugar de obesidad al sumar a 10 millones 358 mil niños y jóvenes de entre 5 y 19 años de edad.
En su caso, dijo, además de impulsar las reformas jurídicas para “eliminar” de las escuelas los alimentos chatarra, se ha apoyado los desayunadores o el consumo de productos michoacanos naturales.
De esa forma son ya ocho estados que tienen esa prohibición: Campeche, Colima, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz.
Mientras al interior de los consejos de autoridades educativas y de Salud se prevé llegar a un consenso sobre lo que se podrá vender y consumir en las escuelas, los cinco gobiernos estatales que no tienen una regulación local impulsaron en sus Congresos la prohibición de la comida chatarra en planteles, como Sonora y Yucatán.
Pablo Kuri Morales, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, afirmó que los alimentos disponibles en las escuelas han “contribuido y favorecido” a que los pequeños tengan obesidad y sobrepeso en México, aunque también es cierto “que no es el único factor”.
Dijo que es un error considerar que si se regula el consumo de bebidas y comida en las escuelas se solucionará el problema.
UNAM ya cuenta con videoteca jurídica
Alberto Morales
El Universal
Domingo 16 de mayo de 2010
mailto:alberto.morales@eluniversal.com.mx
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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cuenta ya con una Videoteca Jurídica Virtual, donde la comunidad podrá constatar en videos la memoria de la historia, congresos y seminarios del instituto, de la universidad y de México.
Las consultas podrán realizarse en su página en internet http://info.juridicas.unam.mx/.
El director del IIJ, Héctor Fix-Fierro, explicó que al acervo estará conformado por las grabaciones en video de las actividades académicas que se realizan en esta instancia.
Muchos eventos se han traducido en trabajos publicados (incluidos en la Biblioteca Jurídica Virtual), “pero es una experiencia diferente percibir a las personas que han participado en los debates, en imágenes y sonidos, algunas de ellas, ya fallecidas”.
En los últimos tres años se han registrado 250 congresos, seminarios, presentaciones de libros, coloquios y mesas redondas, en su mayoría en el IIJ y algunos fuera de sus instalaciones.
La creación de la Videoteca Jurídica Virtual implicó un trabajo de tratamiento de las grabaciones y la información, para convertirse en un instrumento útil que permita hacer búsquedas y donde se puedan definir temas o localizar las intervenciones de académicos como en biblioteca.
Leopoldo Vega, jefe de Informática, dijo que hasta el momento la página contiene memorias del 5 de noviembre de 2008 al 13 de abril de 2010.
Las consultas podrán realizarse en su página en internet http://info.juridicas.unam.mx/.
El director del IIJ, Héctor Fix-Fierro, explicó que al acervo estará conformado por las grabaciones en video de las actividades académicas que se realizan en esta instancia.
Muchos eventos se han traducido en trabajos publicados (incluidos en la Biblioteca Jurídica Virtual), “pero es una experiencia diferente percibir a las personas que han participado en los debates, en imágenes y sonidos, algunas de ellas, ya fallecidas”.
En los últimos tres años se han registrado 250 congresos, seminarios, presentaciones de libros, coloquios y mesas redondas, en su mayoría en el IIJ y algunos fuera de sus instalaciones.
La creación de la Videoteca Jurídica Virtual implicó un trabajo de tratamiento de las grabaciones y la información, para convertirse en un instrumento útil que permita hacer búsquedas y donde se puedan definir temas o localizar las intervenciones de académicos como en biblioteca.
Leopoldo Vega, jefe de Informática, dijo que hasta el momento la página contiene memorias del 5 de noviembre de 2008 al 13 de abril de 2010.
Jóvenes cantan y bailan por Arizona en el Zócalo. Se les llamó a la conciencia, a defender a sus iguales, radicados en Arizona, a los perseguidos, a los que no tienen respaldo legal para caminar por las callesMónica Archundia
El Universal
Lunes 17 de mayo de 2010
mailto:monica.archundia@eluniversal.com.mx
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Sentados en el piso húmedo, de pie ante la pertinaz lluvia o cubiertos con hules, sombrillas e impermeables, aguardaron inquietos, desperdigados primero por la plaza de la Constitución, y amontonados después ante la presencia de sus ídolos.
Se les llamó a la conciencia, a defender a sus iguales, radicados en Arizona, a los perseguidos, a los que no tienen respaldo legal para caminar por las calles, porque su piel morena delata su origen. Fue denominado Concierto Jóvenes Prepa Sí por la Dignidad, Todos Somos Arizona, organizado por la Secretaría de Educación del DF para manifestar su desacuerdo con la ley aprobada en esta entidad.
Algunos llegaron puntuales para escuchar el pronunciamiento de las autoridades y de representantes de organizaciones defensoras de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos; otros simplemente preguntaban por Molotov, Jaguares o sus grupos preferidos.
El concierto inició a las dos de la tarde. La plancha del Zócalo lucía semivacía y de los casi 80 mil asistentes que estimaba el secretario de Educación capitalino, Mario Carrillo, que llegarían al lugar, durante el arranque del concierto apenas habría 35 mil, según sus cálculos.
Con todo, destacó que los jóvenes asistieron para unirse al sentir de la población y del propio gobierno local, en contra de la llamada ley SB1070, “que no solamente atenta contra la dignidad humana sino incluso contra los derechos”.
Espera pasada por agua
La plaza se fue colmando de almas de manera paulatina, conforme se hizo tarde y muy a pesar de la lluvia, mientras sobre el escenario, enmarcado por una estela de humo blanco, aparecieron Kike y su Aché, seguido de Topete y su Trova.
Las dos bandas de chavos del programa Prepa Sí: The Witch y Waltz Entre el Cielo y la Tierra vinieron después, pero todos esperaban a Jaguares, Maldita Vecindad, Molotov y Los Bunkers, programados para el final del concierto.
A los chavos no les importó pasar por alguno de los 11 sitios de acceso y ser sometidos a revisiones con detectores de metales, quedarse donde inicia la plancha del Zócalo y observarlo todo a través de las pantallas gigantes.
A un costado del templete, Guadalupe Chipole, del Centro de Atención al Migrante y sus Familiares, se refería a las detenciones arbitrarias de mexicanos en Arizona, para lo cual desde el gobierno capitalino se ha comenzado a tejer una red con organizaciones y abogados para defender a los connacionales.
Era domingo, pero no parecía. La lluvia cesó por momentos, pero se mantenía amenazante y después de las cinco de la tarde, cuando se reportaban 50 mil personas en el Zócalo y 61 atenciones médicas menores, los jóvenes no dudaban en permanecer apretados frente al escenario, mientras mil 400 policías hacían su labor, también bajo el agua, junto a las vallas de metal para contenerlos.
Se les llamó a la conciencia, a defender a sus iguales, radicados en Arizona, a los perseguidos, a los que no tienen respaldo legal para caminar por las calles, porque su piel morena delata su origen. Fue denominado Concierto Jóvenes Prepa Sí por la Dignidad, Todos Somos Arizona, organizado por la Secretaría de Educación del DF para manifestar su desacuerdo con la ley aprobada en esta entidad.
Algunos llegaron puntuales para escuchar el pronunciamiento de las autoridades y de representantes de organizaciones defensoras de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos; otros simplemente preguntaban por Molotov, Jaguares o sus grupos preferidos.
El concierto inició a las dos de la tarde. La plancha del Zócalo lucía semivacía y de los casi 80 mil asistentes que estimaba el secretario de Educación capitalino, Mario Carrillo, que llegarían al lugar, durante el arranque del concierto apenas habría 35 mil, según sus cálculos.
Con todo, destacó que los jóvenes asistieron para unirse al sentir de la población y del propio gobierno local, en contra de la llamada ley SB1070, “que no solamente atenta contra la dignidad humana sino incluso contra los derechos”.
Espera pasada por agua
La plaza se fue colmando de almas de manera paulatina, conforme se hizo tarde y muy a pesar de la lluvia, mientras sobre el escenario, enmarcado por una estela de humo blanco, aparecieron Kike y su Aché, seguido de Topete y su Trova.
Las dos bandas de chavos del programa Prepa Sí: The Witch y Waltz Entre el Cielo y la Tierra vinieron después, pero todos esperaban a Jaguares, Maldita Vecindad, Molotov y Los Bunkers, programados para el final del concierto.
A los chavos no les importó pasar por alguno de los 11 sitios de acceso y ser sometidos a revisiones con detectores de metales, quedarse donde inicia la plancha del Zócalo y observarlo todo a través de las pantallas gigantes.
A un costado del templete, Guadalupe Chipole, del Centro de Atención al Migrante y sus Familiares, se refería a las detenciones arbitrarias de mexicanos en Arizona, para lo cual desde el gobierno capitalino se ha comenzado a tejer una red con organizaciones y abogados para defender a los connacionales.
Era domingo, pero no parecía. La lluvia cesó por momentos, pero se mantenía amenazante y después de las cinco de la tarde, cuando se reportaban 50 mil personas en el Zócalo y 61 atenciones médicas menores, los jóvenes no dudaban en permanecer apretados frente al escenario, mientras mil 400 policías hacían su labor, también bajo el agua, junto a las vallas de metal para contenerlos.
Riqueza del golfo, en riesgo de muerte. Científicos alertan que la fuga de crudo en costas de EU se perfila como una tragedia ecológica
Martes 18 de mayo de 2010
Thelma Gómez Durán
El Universal
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El olor a petróleo y la tristeza empapan el ambiente de Venice, Louisiana. “Huele a químicos. El aire se respira pesado. Es muy deprimente lo que estamos viendo”. Con estas frases, la bióloga marina Regan Nelson describe la atmósfera que reina en esta comunidad que mira al golfo de México, una de las primeras afectadas por el derrame de hidrocarburos que desde hace casi un mes tiene a Estados Unidos sumido en lo que se encamina a ser uno de los más grandes desastres ecológicos del planeta.
Regan Nelson forma parte del equipo de expertos que la organización estadounidense Natural Resources Defense Council (NRDC) envió a la zona afectada por el derrame que comenzó el pasado 20 de abril con una explosión en la plataforma Deepwater Horizon, perteneciente a la empresa Transocean y concesionada a la British Petroleum para extraer petróleo en aguas profundas del golfo de México.
Desde hace 27 días, el pozo —localizado a una profundidad de mil 500 metros y a 67 kilómetros de la costa de Louisiana— derrama más de 5 mil barriles diarios de petróleo, de acuerdo con cálculos de la Guardia Costera de EU. Científicos y ecologistas advierten que la cantidad podría ser hasta 10 veces mayor.
La emergencia que se vive en Louisiana ha traído a la mente de muchos el derrame que en 1979 presentó el Ixtoc-1, localizado frente a Campeche. Por el flujo de las corrientes marinas, gran parte del petróleo vertido fue a dar hasta las costas de Texas. Ese pozo vertió al mar cerca de 20 mil barriles de petróleo al día, durante poco más de nueve meses. Esta cifra lo colocó como el peor desastre en la historia del golfo de México, un deshonroso título que podría perder si en los próximos días no se controla el pozo de British Petroleum.
Primero “Katrina”, ahora el petróleo
La doctora Gina Solomon es otra de las expertas de la NRDC que viajó a Venice, Louisiana, para realizar un monitoreo de la calidad del aire y el agua. También atiende a las personas que trabajan para que la mancha negra no llegue hasta la costa. Esta comunidad basa su economía, principalmente, en la explotación petrolera, la pesca y el turismo. En los últimos años ha tenido que lidiar con desastres de gran magnitud. En 2005, sufrió los efectos del huracán Katrina.
La gente de la comunidad —cuenta Solomon— se siente a la deriva. “Ellos dicen que cuando llega un huracán saben qué pasa, saben que la pesca revivirá. Pero con esto, quién sabe cuándo saldrán a pescar; si avanza el petróleo, quizá nunca se recupere la pesca”.
John Day, de la Universidad Estatal de Louisiana y uno de los expertos en el ecosistema costero de Estados Unidos, comenta que si el hidrocarburo llega al delta del río Mississippi de inmediato “mataría a los humedales que no tienen una profundidad mayor de dos metros; sería muy difícil limpiarlos”.
En la costa de Louisiana están los humedales “más extensos e importantes de Estados Unidos, ya que su vegetación contribuye a la productividad natural de las pesquerías costeras como pargos, huachinangos, róbalos, ostiones, camarones, jaibas, entre otros”, dice Alejandro Yáñez-Arancibia, investigador y profesor de Posgrado del Instituto de Ecología de Xalapa y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Gracias a estos humedales, el estado de Louisiana tiene 80% de todas las pesquerías costeras de Estados Unidos en el golfo de México.
Por ahora, explica el investigador mexicano, la descarga de agua dulce que llega del río Mississippi (20 mil metros cúbicos por segundo) funciona como barrera y evita que el petróleo llegue directamente a los humedales y playas de Louisiana. Sin embargo, las corrientes del golfo de México están dispersando la mancha de petróleo en dos ramas, una hacia la costa norte de Texas y otra hacia Alabama y Florida.
El jueves 6 de mayo, la bióloga marina Regan Nelson, de la NRCD, recorrió en lancha parte del área afectada por el derrame. Un grupo de delfines nadaba en medio de las aguas contaminadas por el hidrocarburo y por los químicos dispersantes que se están utilizando para “aminorar” el impacto. “Nosotros, que estábamos en la lancha, comenzamos a sentirnos enfermos. En la zona es muy fuerte el olor a químicos, es sofocante. Ahora, imagina cómo afectará a los animales marinos y al ecosistema”.
Dispersantes, otro contaminante
La empresa British Petroleum utiliza dispersantes para contener la mancha del petróleo. Hasta el momento ha vertido alrededor de un millón de litros de estos químicos. Adriana Quintero, directora de La Onda Verde (rama latina de la NRDC), explica que los dispersantes tienen compuestos volátiles, por lo que pueden afectar a las personas que trabajan en las labores de limpieza de la zona. Además, tienen efectos tóxicos en las plantas y animales que viven en las capas más profundas del mar, como los pastos marinos y arrecifes de coral. “No existen estudios sobre cuál es su impacto cuando se aplican en esta cantidad”.
Los dispersantes no hacen que el petróleo desaparezca, sólo provocan que se rompan las partículas del crudo, se formen pequeños grumos y sean más fáciles de digerir por microorganismos.
El científico español Manuel Ferrer descifró el genoma de una bacteria que se caracteriza por “comer” petróleo. Se le pregunta si estos microorganismos serían útiles para esta emergencia. “En las profundidades donde emerge el derrame, no. Pero en la superficie marina sí. Sabemos que cuando hay derrames algunas bacterias se multiplican… Aunque muchos de los compuestos presentes en el petróleo son muy difíciles de degradar por las bacterias”.
El investigador español explica que la ciencia aún está trabajando para crear tecnología que permita “diseñar nuevos microorganismos que crezcan más rápido y sean capaces de asimilar más rápido los hidrocarburos”.
Hábitat, amenazado
Un reciente estudio, publicado en el libro Gulf of Mexico Origin, Waters and Biota Volumen 2, asegura que el golfo de México tiene un valor productivo de 124 mil millones de dólares anuales, tanto para Estados Unidos como para México, por actividades como la extracción de petróleo, turismo y pesca. Esta riqueza peligra, asegura Alejandro Yáñez-Arancibia, uno de los autores de la investigación.
“La productividad de las costas, las pesquerías, el turismo y la integridad ecológica del paisaje dependen de la calidad y cantidad de los valiosos hábitat críticos que hoy están severamente amenazados por la contaminación que ambos países inducen hacia el mar, a través de los ríos o por derrames petroleros como lo fue el Ixtoc-1 y ahora el de British Petroleum”, asegura el estudio.
Cualquier derrame de petróleo en el golfo de México, comenta Yáñez-Arancibia, afecta directamente los bosques de manglar y de cipreses de los humedales costeros, las desembocaduras de los ríos y los arrecifes de coral. “Todos estos ecosistemas de aguas poco profundas están interconectados, funcionan integradamente y son muy vulnerables al impacto ambiental del petróleo”.
Evidencia incapacidad del gobierno
Organizaciones ecologistas coinciden en que esta emergencia ecológica ha puesto a flote la incapacidad del gobierno de Estados Unidos y de las principales empresas petroleras para realizar extracción de hidrocarburos en aguas profundas del golfo de México.
“Durante años hemos advertido que esto podía ocurrir. Decíamos que no era seguro realizar extracción petrolera en aguas profundas, pero parece que la única forma de que la gente y los políticos entiendan es mirando cómo este monstruo está dañando nuestras costas”, dice Javier Sierra, de Sierra Club, organización que en su página de internet ya tiene inscritos a cerca de 2 mil 500 personas dispuestas a participar como voluntarios en las labores de limpieza y recuperación del golfo de México.
Sierra Club, NRDC y Greenpeace son algunas de las organizaciones que ya impulsan campañas para solicitar al presidente de Estados Unidos y al congreso de EU que establezca una moratoria a las perforaciones petroleras en el golfo de México. Además de que se apruebe una reforma energética para impulsar el uso de energía limpia.
Los estadounidenses —asegura Adriana Quintero de la NRDC— están empezando a entender algo que los ecologistas ya sabíamos. Están viendo las grandes conexiones que existen entre las petroleras y el gobierno. Están viendo que estas empresas están comprando permisos para contaminar sin límites.
Esa contaminación tiene ahora en vilo a los pescadores y habitantes de Venice, en el estado de Louisiana. El futuro de esta comunidad, de otras poblaciones costeras, de los humedales, manglares de la región y de cientos de especies depende ahora del tiempo que tarde la empresa British Petroleum en contener la fuga de petróleo que está pintando de negro el golfo de México.
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El olor a petróleo y la tristeza empapan el ambiente de Venice, Louisiana. “Huele a químicos. El aire se respira pesado. Es muy deprimente lo que estamos viendo”. Con estas frases, la bióloga marina Regan Nelson describe la atmósfera que reina en esta comunidad que mira al golfo de México, una de las primeras afectadas por el derrame de hidrocarburos que desde hace casi un mes tiene a Estados Unidos sumido en lo que se encamina a ser uno de los más grandes desastres ecológicos del planeta.
Regan Nelson forma parte del equipo de expertos que la organización estadounidense Natural Resources Defense Council (NRDC) envió a la zona afectada por el derrame que comenzó el pasado 20 de abril con una explosión en la plataforma Deepwater Horizon, perteneciente a la empresa Transocean y concesionada a la British Petroleum para extraer petróleo en aguas profundas del golfo de México.
Desde hace 27 días, el pozo —localizado a una profundidad de mil 500 metros y a 67 kilómetros de la costa de Louisiana— derrama más de 5 mil barriles diarios de petróleo, de acuerdo con cálculos de la Guardia Costera de EU. Científicos y ecologistas advierten que la cantidad podría ser hasta 10 veces mayor.
La emergencia que se vive en Louisiana ha traído a la mente de muchos el derrame que en 1979 presentó el Ixtoc-1, localizado frente a Campeche. Por el flujo de las corrientes marinas, gran parte del petróleo vertido fue a dar hasta las costas de Texas. Ese pozo vertió al mar cerca de 20 mil barriles de petróleo al día, durante poco más de nueve meses. Esta cifra lo colocó como el peor desastre en la historia del golfo de México, un deshonroso título que podría perder si en los próximos días no se controla el pozo de British Petroleum.
Primero “Katrina”, ahora el petróleo
La doctora Gina Solomon es otra de las expertas de la NRDC que viajó a Venice, Louisiana, para realizar un monitoreo de la calidad del aire y el agua. También atiende a las personas que trabajan para que la mancha negra no llegue hasta la costa. Esta comunidad basa su economía, principalmente, en la explotación petrolera, la pesca y el turismo. En los últimos años ha tenido que lidiar con desastres de gran magnitud. En 2005, sufrió los efectos del huracán Katrina.
La gente de la comunidad —cuenta Solomon— se siente a la deriva. “Ellos dicen que cuando llega un huracán saben qué pasa, saben que la pesca revivirá. Pero con esto, quién sabe cuándo saldrán a pescar; si avanza el petróleo, quizá nunca se recupere la pesca”.
John Day, de la Universidad Estatal de Louisiana y uno de los expertos en el ecosistema costero de Estados Unidos, comenta que si el hidrocarburo llega al delta del río Mississippi de inmediato “mataría a los humedales que no tienen una profundidad mayor de dos metros; sería muy difícil limpiarlos”.
En la costa de Louisiana están los humedales “más extensos e importantes de Estados Unidos, ya que su vegetación contribuye a la productividad natural de las pesquerías costeras como pargos, huachinangos, róbalos, ostiones, camarones, jaibas, entre otros”, dice Alejandro Yáñez-Arancibia, investigador y profesor de Posgrado del Instituto de Ecología de Xalapa y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Gracias a estos humedales, el estado de Louisiana tiene 80% de todas las pesquerías costeras de Estados Unidos en el golfo de México.
Por ahora, explica el investigador mexicano, la descarga de agua dulce que llega del río Mississippi (20 mil metros cúbicos por segundo) funciona como barrera y evita que el petróleo llegue directamente a los humedales y playas de Louisiana. Sin embargo, las corrientes del golfo de México están dispersando la mancha de petróleo en dos ramas, una hacia la costa norte de Texas y otra hacia Alabama y Florida.
El jueves 6 de mayo, la bióloga marina Regan Nelson, de la NRCD, recorrió en lancha parte del área afectada por el derrame. Un grupo de delfines nadaba en medio de las aguas contaminadas por el hidrocarburo y por los químicos dispersantes que se están utilizando para “aminorar” el impacto. “Nosotros, que estábamos en la lancha, comenzamos a sentirnos enfermos. En la zona es muy fuerte el olor a químicos, es sofocante. Ahora, imagina cómo afectará a los animales marinos y al ecosistema”.
Dispersantes, otro contaminante
La empresa British Petroleum utiliza dispersantes para contener la mancha del petróleo. Hasta el momento ha vertido alrededor de un millón de litros de estos químicos. Adriana Quintero, directora de La Onda Verde (rama latina de la NRDC), explica que los dispersantes tienen compuestos volátiles, por lo que pueden afectar a las personas que trabajan en las labores de limpieza de la zona. Además, tienen efectos tóxicos en las plantas y animales que viven en las capas más profundas del mar, como los pastos marinos y arrecifes de coral. “No existen estudios sobre cuál es su impacto cuando se aplican en esta cantidad”.
Los dispersantes no hacen que el petróleo desaparezca, sólo provocan que se rompan las partículas del crudo, se formen pequeños grumos y sean más fáciles de digerir por microorganismos.
El científico español Manuel Ferrer descifró el genoma de una bacteria que se caracteriza por “comer” petróleo. Se le pregunta si estos microorganismos serían útiles para esta emergencia. “En las profundidades donde emerge el derrame, no. Pero en la superficie marina sí. Sabemos que cuando hay derrames algunas bacterias se multiplican… Aunque muchos de los compuestos presentes en el petróleo son muy difíciles de degradar por las bacterias”.
El investigador español explica que la ciencia aún está trabajando para crear tecnología que permita “diseñar nuevos microorganismos que crezcan más rápido y sean capaces de asimilar más rápido los hidrocarburos”.
Hábitat, amenazado
Un reciente estudio, publicado en el libro Gulf of Mexico Origin, Waters and Biota Volumen 2, asegura que el golfo de México tiene un valor productivo de 124 mil millones de dólares anuales, tanto para Estados Unidos como para México, por actividades como la extracción de petróleo, turismo y pesca. Esta riqueza peligra, asegura Alejandro Yáñez-Arancibia, uno de los autores de la investigación.
“La productividad de las costas, las pesquerías, el turismo y la integridad ecológica del paisaje dependen de la calidad y cantidad de los valiosos hábitat críticos que hoy están severamente amenazados por la contaminación que ambos países inducen hacia el mar, a través de los ríos o por derrames petroleros como lo fue el Ixtoc-1 y ahora el de British Petroleum”, asegura el estudio.
Cualquier derrame de petróleo en el golfo de México, comenta Yáñez-Arancibia, afecta directamente los bosques de manglar y de cipreses de los humedales costeros, las desembocaduras de los ríos y los arrecifes de coral. “Todos estos ecosistemas de aguas poco profundas están interconectados, funcionan integradamente y son muy vulnerables al impacto ambiental del petróleo”.
Evidencia incapacidad del gobierno
Organizaciones ecologistas coinciden en que esta emergencia ecológica ha puesto a flote la incapacidad del gobierno de Estados Unidos y de las principales empresas petroleras para realizar extracción de hidrocarburos en aguas profundas del golfo de México.
“Durante años hemos advertido que esto podía ocurrir. Decíamos que no era seguro realizar extracción petrolera en aguas profundas, pero parece que la única forma de que la gente y los políticos entiendan es mirando cómo este monstruo está dañando nuestras costas”, dice Javier Sierra, de Sierra Club, organización que en su página de internet ya tiene inscritos a cerca de 2 mil 500 personas dispuestas a participar como voluntarios en las labores de limpieza y recuperación del golfo de México.
Sierra Club, NRDC y Greenpeace son algunas de las organizaciones que ya impulsan campañas para solicitar al presidente de Estados Unidos y al congreso de EU que establezca una moratoria a las perforaciones petroleras en el golfo de México. Además de que se apruebe una reforma energética para impulsar el uso de energía limpia.
Los estadounidenses —asegura Adriana Quintero de la NRDC— están empezando a entender algo que los ecologistas ya sabíamos. Están viendo las grandes conexiones que existen entre las petroleras y el gobierno. Están viendo que estas empresas están comprando permisos para contaminar sin límites.
Esa contaminación tiene ahora en vilo a los pescadores y habitantes de Venice, en el estado de Louisiana. El futuro de esta comunidad, de otras poblaciones costeras, de los humedales, manglares de la región y de cientos de especies depende ahora del tiempo que tarde la empresa British Petroleum en contener la fuga de petróleo que está pintando de negro el golfo de México.
SEP creará este año 20 universidades
Miércoles 19 de mayo de 2010
Nurit Martínez Enviada
El Universal
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MORELIA, Mich.— La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que en este año se crearán 20 nuevas instituciones de educación superior, y que se ampliará la capacidad de 44 universidades existentes.
De 2006 a 2009, explicó el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, se crearon 75 nuevas instituciones y se ampliaron las instalaciones en 33 universidades del país.
Durante la 34 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), dijo que al inicio del próximo ciclo escolar el gobierno federal cumplirá la meta de brindar oportunidades de educación superior a tres de cada 10 jóvenes en edad de incorporarse a las licenciaturas.
Aseguró que de continuar con esto será en 2020 cuando México iguale las condiciones existentes en Chile.
Explicó que sólo en lo que va de 2010 se crearon 160 mil lugares que equivalen al doble de espacios creados en 2007.
Rodolfo Tuirán informó que para los jóvenes que aspiran a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional, “difícilmente les vamos a dar cabida en las instituciones de sus preferencias”.
La responsabilidad del Estado es proveer esas responsabilidades, creando instituciones y los espacios que se requieren”.
Rodolfo Tuirán comentó que si esas instituciones lograron avances y ampliar su capacidad, lo han hecho en el marco de sus propias posibilidades.
“Se trata que todos seamos capaces de tener oportunidades, y en instituciones dignas, con equipamiento e infraestructura adecuada. Nuestra responsabilidad es que la ampliación se produzca al ritmo que lo demandan los jóvenes”, explicó el funcionario federal.
Dijo que hasta ahora no han sido las universidades impulsadas por el gobierno, las opciones tecnológicas las que han aportado el mayor incremento a los espacios universitarios.
“Los que han crecido y alimentando más el incremento de la matrícula no son las Politécnicas, las Tecnológicas y los institutos tecnológicos. De ellos provienen 60 mil de los 160 mil espacios creados en este año”, expuso.
De 2006 a 2009, explicó el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, se crearon 75 nuevas instituciones y se ampliaron las instalaciones en 33 universidades del país.
Durante la 34 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), dijo que al inicio del próximo ciclo escolar el gobierno federal cumplirá la meta de brindar oportunidades de educación superior a tres de cada 10 jóvenes en edad de incorporarse a las licenciaturas.
Aseguró que de continuar con esto será en 2020 cuando México iguale las condiciones existentes en Chile.
Explicó que sólo en lo que va de 2010 se crearon 160 mil lugares que equivalen al doble de espacios creados en 2007.
Rodolfo Tuirán informó que para los jóvenes que aspiran a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional, “difícilmente les vamos a dar cabida en las instituciones de sus preferencias”.
La responsabilidad del Estado es proveer esas responsabilidades, creando instituciones y los espacios que se requieren”.
Rodolfo Tuirán comentó que si esas instituciones lograron avances y ampliar su capacidad, lo han hecho en el marco de sus propias posibilidades.
“Se trata que todos seamos capaces de tener oportunidades, y en instituciones dignas, con equipamiento e infraestructura adecuada. Nuestra responsabilidad es que la ampliación se produzca al ritmo que lo demandan los jóvenes”, explicó el funcionario federal.
Dijo que hasta ahora no han sido las universidades impulsadas por el gobierno, las opciones tecnológicas las que han aportado el mayor incremento a los espacios universitarios.
“Los que han crecido y alimentando más el incremento de la matrícula no son las Politécnicas, las Tecnológicas y los institutos tecnológicos. De ellos provienen 60 mil de los 160 mil espacios creados en este año”, expuso.
La CIDH analizará abuso a indígena. Organizaciones advierten que el caso ejemplifica la violencia contra la mujer
Jueves 20 de mayo de 2010
El Universal
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GUERRERO
A ocho años de que Valentina Rosendo Cantú, indígena de Guerrero, inició una lucha para lograr que sean procesados y sancionados los militares que en el año 2002 la torturaron y violaron sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará su caso en la audiencia pública que celebrará el próximo jueves 27 de mayo, en San José, Costa Rica.
Representantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos informaron que el caso de Valentina Rosendo Cantú es paradigmático, porque muestra la múltiple discriminación y el grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud.
De acuerdo con las organizaciones y la denuncia presentada por Valentina Rosendo, el 16 de febrero de 2002, cuando ella tenía 17 años, fue rodeada por un grupo de ocho militares mientras lavaba ropa en el arroyo de su comunidad.
Los militares le exigieron que señalara quiénes eran los “encapuchados”, para lo cual le mostraron una lista con nombres de personas de su comunidad. Como Valentina no les respondió la agredieron sexualmente.
Cuando Valentina Rosendo acudió ante las instituciones del sector salud para que se le atendiera, el acceso a los servicios médicos le fue negado, ya que los doctores argumentaron que “no querían problemas con los militares”.
Amenazas de muerte
A lo largo del proceso judicial se perdieron evidencias y, hasta el momento, no existe sentencia alguna. Desde que denunció el caso, Valentina Rosendo Cantú y su familia han recibido diversas amenazas de muerte.
Ante la falta de respuesta por parte de la justicia mexicana, el caso de Valentina Rosendo Cantú llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el pasado 15 de abril se realizó una audiencia para abordar el caso de Inés Fernández Ortega, otra mujer indígena de Guerrero que también fue violada por soldados del 41 batallón de infantería en marzo del año 2002.
A los casos de las indígenas Valentina e Inés se suman otros dos más en contra del Ejército y que actualmente son analizados por la CIDH, se trata de los expedientes de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Entre las organizaciones que apoyan el proceso legal de Valentina Rosendo están el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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GUERRERO
A ocho años de que Valentina Rosendo Cantú, indígena de Guerrero, inició una lucha para lograr que sean procesados y sancionados los militares que en el año 2002 la torturaron y violaron sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará su caso en la audiencia pública que celebrará el próximo jueves 27 de mayo, en San José, Costa Rica.
Representantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos informaron que el caso de Valentina Rosendo Cantú es paradigmático, porque muestra la múltiple discriminación y el grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud.
De acuerdo con las organizaciones y la denuncia presentada por Valentina Rosendo, el 16 de febrero de 2002, cuando ella tenía 17 años, fue rodeada por un grupo de ocho militares mientras lavaba ropa en el arroyo de su comunidad.
Los militares le exigieron que señalara quiénes eran los “encapuchados”, para lo cual le mostraron una lista con nombres de personas de su comunidad. Como Valentina no les respondió la agredieron sexualmente.
Cuando Valentina Rosendo acudió ante las instituciones del sector salud para que se le atendiera, el acceso a los servicios médicos le fue negado, ya que los doctores argumentaron que “no querían problemas con los militares”.
Amenazas de muerte
A lo largo del proceso judicial se perdieron evidencias y, hasta el momento, no existe sentencia alguna. Desde que denunció el caso, Valentina Rosendo Cantú y su familia han recibido diversas amenazas de muerte.
Ante la falta de respuesta por parte de la justicia mexicana, el caso de Valentina Rosendo Cantú llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el pasado 15 de abril se realizó una audiencia para abordar el caso de Inés Fernández Ortega, otra mujer indígena de Guerrero que también fue violada por soldados del 41 batallón de infantería en marzo del año 2002.
A los casos de las indígenas Valentina e Inés se suman otros dos más en contra del Ejército y que actualmente son analizados por la CIDH, se trata de los expedientes de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Entre las organizaciones que apoyan el proceso legal de Valentina Rosendo están el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
PGJ desmantela otra casa de “esclavos”37 personas eran explotadas sexual y laboralmente en la institución. Varios de ellos estaban en situación de calle, y otras mujeres dejaron sus hogares por violencia intrafamiliar
Explotaban a niños en casa hogar del DFUna red de explotadores laborales y sexuales fue detenida por autoridades capitalinas
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Viernes 21 de mayo de 2010
Claudia Bolaños
El Universal
claudia.bolanos@eluniversal.com.mx
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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) presentó ayer una presunta red que operaba en la casa hogar Adulam, ubicada el perímetro de Miguel Hidalgo, donde se explotaba laboral y sexualmente a 37 personas, y se traficaba con menores de edad.
La Procuraduría capitalina rescató a 37 personas que eran obligadas a comercializar productos varios en la vía pública, sin recibir pago alguno por ello.
Hubo mujeres que aseguraron haber sido violadas, otras a quienes las obligaron a entregar a sus hijos recién nacidos, y una más aseguró que fue obligada a abortar.
Para ampliar las investigaciones fueron arraigados Emilio Moctezuma Beltrán Saldaña, director y presumible fundador de la casa hogar Adulam, así como los empleados María Eugenia Galván Padilla y Miguel Ángel Galván Herrera, a quienes se acusa de los delitos de trata de personas, tráfico y corrupción de menores, aborto y delincuencia organizada.
También se arraigó a María Eugenia Galván Padilla, de 22 años, y Miguel Ángel Galván Herrera, de 23, acusados de los delitos de trata de personas, tráfico de menores y delincuencia organizada.
Los rescatados del albergue Adulam son 16 niñas, 11 niños, seis mujeres adultas y cuatro varones mayores de edad. Entre ellos hay cuatro grupos de hermanos, igual cantidad de madres e hijos, y un varón con tres vástagos.
Varios de ellos estaban en situación de calle, y otras mujeres dejaron sus hogares por violencia intrafamiliar, para buscar refugio en dicha casa-hogar ubicada en ubicada en Marina Nacional número 100, colonia Anáhuac, en Miguel Hidalgo.
Resalta que la mayoría de las víctimas defiende a sus supuestos agresores, por presentar el síndrome denominado de Estocolmo, según la PGJDF.
Las acusaciones
El 11 de marzo cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad, acusaron al director de esa casa-hogar y otros de sus ayudantes, de obligarlas a comercializar, en la vía pública y en locales, encendedores y plumas comprados en Tepito, y mercancía que recibían como donativo.
“En la declaración ministerial, las víctimas señalaron que eran obligadas a entregar entre 700 y 800 pesos diarios al director de Adulam. De no hacerlo, eran sancionadas con privarlas de alimento. Dijeron que también las forzaban a limpiar patios y escaleras, en posición de rodillas, con un cepillo dental”, narró el suprocurador de Averiguaciones Previas centrales, Jesús Rodríguez Almeida. Las jovencitas dijeron que eran amenazadas con ser trasladadas a otras lugares de los estados de México, Guerrero, Hidalgo y Veracruz.
“Una víctima más, de 16 años, aseguró que violada por Moctezuma Beltrán y acusó a una asistente identificada como Evelia Castañeda, quien la sujetó de las manos mientras que el indiciado le impuso la cópula”. Su hermana, una adolescente, fue llevada a un lugar de Veracruz para trabajar como sexoservidora.
Dos mujeres dijeron que tras dar a luz, les quitaron a sus niñas.
Otra de las mujeres ofendidas aseguró que le fue practicado un legrado.
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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) presentó ayer una presunta red que operaba en la casa hogar Adulam, ubicada el perímetro de Miguel Hidalgo, donde se explotaba laboral y sexualmente a 37 personas, y se traficaba con menores de edad.
La Procuraduría capitalina rescató a 37 personas que eran obligadas a comercializar productos varios en la vía pública, sin recibir pago alguno por ello.
Hubo mujeres que aseguraron haber sido violadas, otras a quienes las obligaron a entregar a sus hijos recién nacidos, y una más aseguró que fue obligada a abortar.
Para ampliar las investigaciones fueron arraigados Emilio Moctezuma Beltrán Saldaña, director y presumible fundador de la casa hogar Adulam, así como los empleados María Eugenia Galván Padilla y Miguel Ángel Galván Herrera, a quienes se acusa de los delitos de trata de personas, tráfico y corrupción de menores, aborto y delincuencia organizada.
También se arraigó a María Eugenia Galván Padilla, de 22 años, y Miguel Ángel Galván Herrera, de 23, acusados de los delitos de trata de personas, tráfico de menores y delincuencia organizada.
Los rescatados del albergue Adulam son 16 niñas, 11 niños, seis mujeres adultas y cuatro varones mayores de edad. Entre ellos hay cuatro grupos de hermanos, igual cantidad de madres e hijos, y un varón con tres vástagos.
Varios de ellos estaban en situación de calle, y otras mujeres dejaron sus hogares por violencia intrafamiliar, para buscar refugio en dicha casa-hogar ubicada en ubicada en Marina Nacional número 100, colonia Anáhuac, en Miguel Hidalgo.
Resalta que la mayoría de las víctimas defiende a sus supuestos agresores, por presentar el síndrome denominado de Estocolmo, según la PGJDF.
Las acusaciones
El 11 de marzo cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad, acusaron al director de esa casa-hogar y otros de sus ayudantes, de obligarlas a comercializar, en la vía pública y en locales, encendedores y plumas comprados en Tepito, y mercancía que recibían como donativo.
“En la declaración ministerial, las víctimas señalaron que eran obligadas a entregar entre 700 y 800 pesos diarios al director de Adulam. De no hacerlo, eran sancionadas con privarlas de alimento. Dijeron que también las forzaban a limpiar patios y escaleras, en posición de rodillas, con un cepillo dental”, narró el suprocurador de Averiguaciones Previas centrales, Jesús Rodríguez Almeida. Las jovencitas dijeron que eran amenazadas con ser trasladadas a otras lugares de los estados de México, Guerrero, Hidalgo y Veracruz.
“Una víctima más, de 16 años, aseguró que violada por Moctezuma Beltrán y acusó a una asistente identificada como Evelia Castañeda, quien la sujetó de las manos mientras que el indiciado le impuso la cópula”. Su hermana, una adolescente, fue llevada a un lugar de Veracruz para trabajar como sexoservidora.
Dos mujeres dijeron que tras dar a luz, les quitaron a sus niñas.
Otra de las mujeres ofendidas aseguró que le fue practicado un legrado.
Difícil acabar con inseguridad sin cambio de valores, dice Narro. Advirtió que la situación de inseguridad es producto del modelo, no sólo económico sino también social, que ha seguido el país
Sábado 22 de mayo de 2010
Francisco Reséndiz
El Universal
francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
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José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que el problema de la inseguridad que permea en todo el país tiene profundas raíces que han alcanzado los ámbitos económico, educativo y social.
Entrevistado a su llegada a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), donde asistió a la ceremonia de inicio del LI Año Académico de esta institución, Narro Robles, recalcó que parte de este problema “tiene que verse desde una perspectiva diferente a la que hemos seguido”.
Advirtió que la situación de inseguridad es producto del modelo, no sólo económico sino también social, que ha seguido el país. Dijo que en el fondo está la educación y los valores; lamentó que los mexicanos no hayan tenido la capacidad de transmitir un cambio de valores en la sociedad.
“Si queremos seguir empeñados en el mundo contemporáneo, y no es un asunto de México, es un asunto del mundo, en que el éxito se debe medir con el dinero y con la acumulación de bienes, nos vamos a seguir equivocando”, comentó.
El rector Narro Robles añadió: “Tenemos que, entre todos, transformar esto y entender que parte del problema de la desigualdad se transforma después en acciones que tienen que ver con la inseguridad, que parte del problema de la falta de expectativas para la juventud se transforma posteriormente en inseguridad”.
Reiteran postura
Mantuvo la posición que ha esgrimido en torno a este tema:
“Primero, tenemos un problema muy serio en el país en cuanto a la seguridad, segundo es un problema que tiene raíces múltiples, el origen de la inseguridad, de la violencia tiene raíces profundas que alcanzan lo económico, pero también lo social y lo educativo y la parte de valores.
Hizo notar que los rectores de las universidades del país han compartido preocupaciones sobre la inseguridad y que además de haber decidido una revisión interna en torno a sus comunidades sostienen que el país debe cambiar.
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José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que el problema de la inseguridad que permea en todo el país tiene profundas raíces que han alcanzado los ámbitos económico, educativo y social.
Entrevistado a su llegada a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), donde asistió a la ceremonia de inicio del LI Año Académico de esta institución, Narro Robles, recalcó que parte de este problema “tiene que verse desde una perspectiva diferente a la que hemos seguido”.
Advirtió que la situación de inseguridad es producto del modelo, no sólo económico sino también social, que ha seguido el país. Dijo que en el fondo está la educación y los valores; lamentó que los mexicanos no hayan tenido la capacidad de transmitir un cambio de valores en la sociedad.
“Si queremos seguir empeñados en el mundo contemporáneo, y no es un asunto de México, es un asunto del mundo, en que el éxito se debe medir con el dinero y con la acumulación de bienes, nos vamos a seguir equivocando”, comentó.
El rector Narro Robles añadió: “Tenemos que, entre todos, transformar esto y entender que parte del problema de la desigualdad se transforma después en acciones que tienen que ver con la inseguridad, que parte del problema de la falta de expectativas para la juventud se transforma posteriormente en inseguridad”.
Reiteran postura
Mantuvo la posición que ha esgrimido en torno a este tema:
“Primero, tenemos un problema muy serio en el país en cuanto a la seguridad, segundo es un problema que tiene raíces múltiples, el origen de la inseguridad, de la violencia tiene raíces profundas que alcanzan lo económico, pero también lo social y lo educativo y la parte de valores.
Hizo notar que los rectores de las universidades del país han compartido preocupaciones sobre la inseguridad y que además de haber decidido una revisión interna en torno a sus comunidades sostienen que el país debe cambiar.
Trabajan en Ley de Derechos Indígenas
Domingo 23 de mayo de 2010
Sara Pantoja
El Universal
sara.pantoja@eluniversal.com.mx
sara.pantoja@eluniversal.com.mx
Grupos de indígenas y de pueblos originarios, académicos, organismos autónomos y dependencias de gobierno continúan las consultas y el análisis legal-cultural con el fin de que en septiembre se presente la iniciativa para crear la Ley de los Derechos para los Pueblos Indígenas y Originarios en la Ciudad de México.
Rosa Márquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) dijo que se trabaja en mesas de análisis sobre los conceptos que se deben manejar en la ley, el seguimiento al proceso de la consulta a los protagonistas y sus alcances legislativos.
En entrevista, dijo que al aprobarse esta ley, deberá ser parte de la base de la Constitución Política del DF pues sus pueblos originarios fueron y son la plataforma de lo que es hoy la capital.
La funcionaria dijo que para la presentación de esta iniciativa, la presidenta de la Mesa Directiva de la ALDF, Alejandra Barrales, se comprometió a consensarla con todas las fracciones partidistas para que pueda salir a flote.
En el DF existe presencia de 57 de los 62 grupos indígenas del país, hay 145 pueblos originarios y 40 comunidades étnicas, según información oficial.
Piden “plurinacionalidad”
Rosa Márquez comentó lo anterior en el marco del encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe que ayer culminó sus actividades.
En él participaron representantes de pueblos originarios de Nicaragua, Ecuador, Colombia, Guatemala, entre otros países, además de grupos indígenas de distintos estados de México.
Entre los temas coincidentes se habló de la discriminación que todavía persiste hacia ellos, así como de los avances que han tenido en los mecanismos de comunicación como radios comunitarias y el internet, para conservar y transmitir sus conocimientos, además de manifestar sus demandas.
En este sentido, hicieron pronunciamientos por el alto a las agresiones contra los comunicadores indígenas, ante los asesinatos que ha habido de ellos en distintas partes de los países.
Orlando Pérez, viceministro del Ministerio de Asuntos Indígenas de Ecuador, se pronunció por impulsar la construcción de un “estado plurinacional” que se traduzca en el desarrollo de políticas públicas en salud, comercio, educación y vivienda en favor de los pueblos indígenas y originarios de las naciones.
“No hay revolución ciudadana si no hay participación de los pueblos indígenas”, aseguró el ecuatoriano y concluyó: “No somos guardabosques del Norte, queremos que nuestras culturas se expandan”.
Hay grave inequidad en la educación: Inide
Urge invertir en formación de maestros, dice instituto
Lunes 24 de mayo de 2010
Nurit Martínez
El Universal
El sistema educativo mexicano no atiende bajo las mismas condiciones a los diferentes grupos sociales del país, por lo que el problema de la mala calidad de la educación es, a la vez, uno de inequidad, señaló Sylvia Schmelkes del Valle, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana.
Si se observan y analizan las escuelas en zonas urbanas y rurales, las urbanas e indígenas, las privadas y públicas o rurales e indígenas, las diferencias son abismales, lo que significa que no se da la misma oportunidad de aprender a todos los alumnos.
“Este es un problema muy grave porque cuando uno supone que la educación es lo que permite una movilidad social, en nuestro caso no lo está haciendo porque está reproduciendo, por el tipo de condiciones que se ofrecen, la realidad socioeconómica”, dijo Schmelkes, quien fue funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, en el área de la educación indígena.
La académica consideró que actualmente mejorar la calidad de la educación en México podría lograrse si se trabaja con los docentes, los responsables y causantes de la mala o buena calidad de la educación.
La mejor apuesta sería invertir en la formación de los profesores, en su formación inicial y continua, ayudarlos a solucionar los problemas que tienen en sus actividades pedagógicas cotidianas, en su capacidad de planeación, de crear un clima de aprendizaje propicio, de evaluar y de retroalimentar adecuadamente.
“Tendríamos que estar invirtiendo en eso, en la formación de nuestros maestros, mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Hacerlo también de manera distinta, de una forma más cercana a la escuela y a sus problemas cotidianos, a fin de mejorar la calidad de la educación”, recomendó la especialista.
Distribuir recursos
En cuanto a la falta de equidad en la educación, comentó que es un problema la forma de distribuir los recursos en el país, puesto que desgraciadamente se da menos a quienes menos tienen, es decir, “un alumno pobre cuesta menos para el sistema educativo que un alumno de clase media”.
Propuso transformar la manera de distribuir los recursos destinados a la educación para asegurar que haya un piso básico en donde todos los niños del país reciban exactamente lo mismo, a un costo per cápita, que se respete y se multiplique por la matrícula de cada escuela.
Además hay que darle más a quienes tienen menos: a las escuelas de lugares en desventaja socioeconómica, a las que integran niños con necesidades educativas especiales o que tienen una lengua diferente.
“Hay que darles más porque cuesta más trabajo educarlos y eso hay que reconocerlo, pero estamos haciendo exactamente lo contrario, y esto se observa en los materiales financieros y humanos, razón por la cual tenemos que revertir esos criterios”, dijo.
ALDF: buscarán aprobar leyes sobre temas de seguridad
Martes 25 de mayo de 2010
Ella Grajeda
Para el periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa, los legisladores pretenden impulsar un paquete de iniciativas en materia penal, en el que incluyen las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra la Delincuencia Organizada que envió el GDF a ese órgano.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea del DF, Julio César Moreno Rivera, consideró conveniente agilizar los procedimientos jurídicos para expropiar un predio en donde se ejercen actividades ilícitas.
Sobre este tema, Alejandro Carbajal, diputado del PRD, dijo que será en una reunión de trabajo de hoy cuando los integrantes de esa comisión acuerden que iniciativas de ley en materia de seguridad pública impulsarán para este periodo extraordinario.
La agenda definitiva, dijo, estará lista a más tardar este miércoles, pero lo que tienen claro es que incluirán estos dos iniciativas: reformas a la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra la Delincuencia Organizada, para trabajar y aprobarlas en el pleno.
Piden expropiar casa Adulam
Por otra parte, el diputado Julio César Moreno Rivera solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que se aplique la acción de extinción de dominio a la casa hogar Adulam, ya que era utilizada para explotar a niños y adultos, se practicaba la trata de personas y violación, además de delincuencia organizada.
Señaló que las denuncias realizadas por las mismas víctimas comprueban que en el inmueble ubicado en la colonia Anáhuac, en la delegación Miguel Hidalgo, se efectuaron varios delitos que forman parte de una gran red de delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea del DF, Julio César Moreno Rivera, consideró conveniente agilizar los procedimientos jurídicos para expropiar un predio en donde se ejercen actividades ilícitas.
Sobre este tema, Alejandro Carbajal, diputado del PRD, dijo que será en una reunión de trabajo de hoy cuando los integrantes de esa comisión acuerden que iniciativas de ley en materia de seguridad pública impulsarán para este periodo extraordinario.
La agenda definitiva, dijo, estará lista a más tardar este miércoles, pero lo que tienen claro es que incluirán estos dos iniciativas: reformas a la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra la Delincuencia Organizada, para trabajar y aprobarlas en el pleno.
Piden expropiar casa Adulam
Por otra parte, el diputado Julio César Moreno Rivera solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que se aplique la acción de extinción de dominio a la casa hogar Adulam, ya que era utilizada para explotar a niños y adultos, se practicaba la trata de personas y violación, además de delincuencia organizada.
Señaló que las denuncias realizadas por las mismas víctimas comprueban que en el inmueble ubicado en la colonia Anáhuac, en la delegación Miguel Hidalgo, se efectuaron varios delitos que forman parte de una gran red de delincuencia organizada.
SEP: estados retrasan padrón de maestros
comparan“peras con manzanas”, afirma
Miércoles 26 de mayo de 2010
Nurit Martínez El Universal
nurit.martinez@eluniversal.com.mx
El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, informó que a un mes de que venza el plazo para que los estados entreguen a esa dependencia el padrón de maestros, cinco entidades no la han hecho y que otras 16 lo hicieron de manera irregular o confusa.
“Enviaron peras con manzanas”, expresó el funcionario federal al participar en el foro público Padrón Nacional de Maestros, organizado por la organización Mexicanos Primero.
El titular de la SEP dijo que sólo 11 entidades hicieron llegar la información “como la reclaman la Cámara de Diputados” para cumplir con el propósito de transparentar el número de maestros que hay en México.
Ante académicos e integrantes de la sociedad civil, secretarios de Educación de los estados y la presidenta comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, Lujambio aseguró que ha sido un proceso difícil el recuperar la información de los estados, para construir una base de datos y hacerla homogénea.
En entrevista en el Club de Industriales, dijo que hasta ahora no existen sanciones para aquellas entidades del país que no entreguen la información. “Es algo que tendrá que definir en su momento la Cámara de Diputados, pero yo no ponderaría lo punitivo en este momento”.
Explicó que se revisa “la pertinencia” de los datos porque en 16 entidades no son consistentes. “Han enviado información agrupada, incluso que no permite hacer comparaciones porque serían peras con manzanas”. Aun así, dijo que en México existe un millón de maestros en la educación básica y 150 mil adicionales en el sector privado.
El secretario dijo que cuando los ciudadanos o docentes han solicitado vía IFAI información sobre la cantidad de profesores en el país y la dependencia se ha negado a entregar detalles, incluso sobre salario y prestaciones, “no es que no la queramos entregar sino porque a veces hay una inexistencia de los datos”.
José Trinidad Padilla, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, afirmó que hasta ahora no se cuenta con un instrumento jurídico que obligue a los gobiernos estatales y federal para entregar determinada información.
“En muchas ocasiones, por desgracia ha habido, y lo digo con temor y angustia, la incapacidad material del Estado para hacer cumplir en tiempo y forma lo que marca la ley. Hay información que si no se entrega o no se envía no pasa nada aunque se pida por ley”, afirmó.
Lamentó que hasta ahora no haya habido forma para “obligar” a que se entregue la información solicitada para hacer transparente el ejercicio de los recursos públicos que distribuye la federación, una vez que lo aprobó el Congreso.
“A la hora de la verdad aún existen resistencias enraizadas en cultura no solamente entre los maestros, como se ha señalado, sino también en la administración de los estados y del gobierno federal”.
Para él, construir bases de datos como el padrón del magisterio puede evitar la práctica de los guardaditos del presupuesto.
La senadora Teresa Ortuño, quien es presidenta de la comisión de Educación, comentó que conocer quiénes y en dónde están los maestros de las escuelas públicas, así como aquellos que tienen una comisión sindical o política, es como “querer juntar un rompecabezas”.
Los legisladores coincidieron en que el padrón que la SEP deberá hacer público el 1 de julio, debe incluir la identidad de los profesores, el tipo de formación docente al que han llegado, la situación laboral en la que se encuentran y el desempeño en las evaluaciones nacionales.
El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, informó que a un mes de que venza el plazo para que los estados entreguen a esa dependencia el padrón de maestros, cinco entidades no la han hecho y que otras 16 lo hicieron de manera irregular o confusa.
“Enviaron peras con manzanas”, expresó el funcionario federal al participar en el foro público Padrón Nacional de Maestros, organizado por la organización Mexicanos Primero.
El titular de la SEP dijo que sólo 11 entidades hicieron llegar la información “como la reclaman la Cámara de Diputados” para cumplir con el propósito de transparentar el número de maestros que hay en México.
Ante académicos e integrantes de la sociedad civil, secretarios de Educación de los estados y la presidenta comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, Lujambio aseguró que ha sido un proceso difícil el recuperar la información de los estados, para construir una base de datos y hacerla homogénea.
En entrevista en el Club de Industriales, dijo que hasta ahora no existen sanciones para aquellas entidades del país que no entreguen la información. “Es algo que tendrá que definir en su momento la Cámara de Diputados, pero yo no ponderaría lo punitivo en este momento”.
Explicó que se revisa “la pertinencia” de los datos porque en 16 entidades no son consistentes. “Han enviado información agrupada, incluso que no permite hacer comparaciones porque serían peras con manzanas”. Aun así, dijo que en México existe un millón de maestros en la educación básica y 150 mil adicionales en el sector privado.
El secretario dijo que cuando los ciudadanos o docentes han solicitado vía IFAI información sobre la cantidad de profesores en el país y la dependencia se ha negado a entregar detalles, incluso sobre salario y prestaciones, “no es que no la queramos entregar sino porque a veces hay una inexistencia de los datos”.
José Trinidad Padilla, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, afirmó que hasta ahora no se cuenta con un instrumento jurídico que obligue a los gobiernos estatales y federal para entregar determinada información.
“En muchas ocasiones, por desgracia ha habido, y lo digo con temor y angustia, la incapacidad material del Estado para hacer cumplir en tiempo y forma lo que marca la ley. Hay información que si no se entrega o no se envía no pasa nada aunque se pida por ley”, afirmó.
Lamentó que hasta ahora no haya habido forma para “obligar” a que se entregue la información solicitada para hacer transparente el ejercicio de los recursos públicos que distribuye la federación, una vez que lo aprobó el Congreso.
“A la hora de la verdad aún existen resistencias enraizadas en cultura no solamente entre los maestros, como se ha señalado, sino también en la administración de los estados y del gobierno federal”.
Para él, construir bases de datos como el padrón del magisterio puede evitar la práctica de los guardaditos del presupuesto.
La senadora Teresa Ortuño, quien es presidenta de la comisión de Educación, comentó que conocer quiénes y en dónde están los maestros de las escuelas públicas, así como aquellos que tienen una comisión sindical o política, es como “querer juntar un rompecabezas”.
Los legisladores coincidieron en que el padrón que la SEP deberá hacer público el 1 de julio, debe incluir la identidad de los profesores, el tipo de formación docente al que han llegado, la situación laboral en la que se encuentran y el desempeño en las evaluaciones nacionales.
Prohíben refrescos dentro de escuelas
SEP y Salud presentan programa antiobesidad; El agua potable y los jugos en pequeñas proporciones serán las únicas bebidas permitidas dentro de las instalaciones
Jueves 27 de mayo de 2010
Nurit Martínez
El Universal
nurit.martinez@eluniversal.com.mx
“¡Es deliciosa! La lista no tengan duda de eso”, afirmó Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública al enlistar los nombres de las botanas como palomitas, papas horneadas, pistaches, habas, garbanzos secos, entre otros, que podrán consumir 25 millones de niños en las escuelas de educación básica.
Al dar a conocer que por unanimidad de los secretarios de Educación y Salud del país aprobaron el Anteproyecto de lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar, Lujambio Irazábal aseguró que lo único que quedó prohibido definitivamente para su venta son los refrescos y junto a ellos los productos que superen el mínimo calórico que requieren los productos, es decir los yogures, las leches enteras y azucaradas, así como todos los alimentos fritos, y tamales, gorditas, tacos dorados, flautas, pizzas, molletes y los hot cakes.
El agua potable y los jugos en pequeñas proporciones serán las únicas bebidas permitidas dentro de las escuelas.
Presentación del menú
Después de dos horas y media de discusión, en lo que fue el primer encuentro entre el Consejo Nacional de Autoridades Educativas y el Consejo Nacional de Salud, se presentaron en conferencia de prensa conjunta el secretario de Salud y el de Educación. Alonso Lujambio dijo que al inicio del próximo ciclo escolar —30 días después de publicados los lineamientos— cada una de las escuelas definirá una “lista exhaustiva” de productos permitidos en las tiendas o cooperativas escolares.
Esa autorregulación tendrá como instancia de vigilancia a los Consejos de Participación Social, a fin de que quienes vendan comida chatarra enfrentarían graves sanciones.
Los lineamientos que aún no son definitivos entrarán a consulta ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COMEFER) y se prevé que en un mes se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
Lujambio refirió que los lineamientos, junto con el programa de activación física —13 % de las primarias y 7 % de las secundarias no tienen instalaciones deportivas—, el “recreo activo”, el cambio en los libros de texto y la capacitación de profesores forman parte del Programa de Educación y Salud para fomentar nuevos hábitos.
A pesar de que proporcionaron un listado de productos se negó a calificar a los productos o bebidas como chatarra, lo que se pretende es “establecer criterios y no señalar marcas”.
José Ángel Córdova, secretario de Salud informó que en este momento uno de cada cuatro niños de la educación básica tiene problemas de obesidad y sobrepeso, pero dadas las condiciones que ha tomado, ha provocado que se se invierta hasta una cuarta parte del presupuesto total del sector en 2008, es decir 67 mil millones de pesos para la atención de enfermedades derivadas de la obesidad.
“No hay alimentos buenos o malos. Lo que hay son hábitos buenos o malos”, reveló que en el mercado hay productos de 100 gramos que pueden proporcionar hasta 600 calorías a un niño que solo necesita 200.
Explicó que con base en una consulta realizada en los planteles, 80 % de los alimentos que consumen los estudiantes corresponden a los que se preparan en casa, el resto a las adquiridas en las cooperativas.
SCJN avala uso de píldora de emergencia
Viernes 28 de mayo de 2010
Julián Sánchez
El Universal
julian.sanchez@eluniversal.com.mx
julian.sanchez@eluniversal.com.mx
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionalmente válida y de aplicación obligatoria en todo el país la Norma Oficial Mexicana que emitió la Secretaría de Salud, desde el 16 de abril de 2009, para proteger a las mujeres de violencia familiar y sexual.
Conforme a su resolución, todas las instituciones del sector salud, públicas y privadas, municipales, estatales y federales, deben recomendarle a las mujeres víctimas de una violación sexual el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia para evitar embarazos no deseados; y en caso de que las afectadas decidan usarla, la misma les deberá ser proporcionada por la institución médica.
Por diez votos contra uno, el Pleno de la Corte respaldó la NOM-046-SSA2-2005.
Gobernador rechaza su uso
Emilio Márquez, gobernador del estado de Jalisco, aseguró que no distribuirá la píldora de emergencia en los centro de salud de la entidad al asegurar que las normas de la federación no están por encima de la constitución de su estado.
En declaraciones a medios de comunicación, el mandatario aseguró que la ley de su estado defiende el derecho a la vida desde la concepción.
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